Cataluña interpone un recurso de inconstitucionalidad a la ley que regula FP

El gobierno catalán ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad a los artículos 15.2 y 24.2 de la Ley 30/2015 del Gobierno del PP, que regula el Sistema de Formación Profesional, por considerar que se vulneran las competencias de la Generalitat.

Según ha informado hoy el Govern en un comunicado, estos artículos son los que atribuyen al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) la competencia de acreditar, evaluar o inscribir centros o iniciativas de formación profesional en el caso de que actúen en más de una comunidad autónoma.

La Ley 30/2015 regula la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral y según el Govern su artículos 15.2 y 24.2 "vulneran las competencias de la Generalitat de Cataluña".

Estas competencias están recogidas por "el Estatuto en los artículos en materia de trabajo y políticas de empleo, tal como dictaminó por unanimidad el Consejo de Garantías Estatutarias el 22 de octubre", ha explicado el comunicado.

El artículo 15.2 atribuye al SPEE "la competencia para efectuar la acreditación y/o inscripción de las entidades de formación en la modalidad de teleformación, cuando los centros en los que se desarrollen las sesiones de formación presencial y/o pruebas de evaluación final presenciales estén situados en más de una comunidad autónoma".

Además le atribuye la acreditación y la inscripción de los centros móviles cuando su actuación formativa se desarrolle en más de una comunidad autónoma, ha aclarado el Govern.

El artículo 24.2 establece que el SPEE desarrolla las funciones de evaluación, seguimiento y control de las iniciativas de la formación profesional para el empleo cuando éstas "se financian mediante bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social" y sean "empresas que tengan sus centros de trabajo en más de una comunidad autónoma", ha especificado el comunicado.

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