Violencia y amenazas en un plan urbanístico cuestionan la legalidad en Serbia

Centro de Belgrado, madrugada del 25 de abril del año 2016. Docenas de enmascarados y varias excavadoras aparecen de improviso y arrasan de forma ilegal edificios sin que la Policía acuda a la llamada de los vecinos, en un suceso sin aclarar y vinculado a un plan urbanístico de 2.800 millones de euros.

"La destrucción se hizo sin que nos avisaran de ninguna manera", denuncia a Efe Vladimir Markovic, que ha visto como las oficinas que su empresa de transporte tenía desde hace 16 años en el barrio de Samavala han quedado reducidas a escombros.

El derribo ilegal, nocturno y violento eliminó varios edificios que dificultaban un polémico proyecto urbanístico conocido como Belgrade Waterfront, financiado con capital de Emiratos Árabes.

Pese a las reiteradas llamadas de los vecinos, ningún policía se presentó en el lugar. Los asaltantes se llevaron incluso las grabaciones de las cámaras de seguridad de la empresa de Markovic.

Estos derribos han sido criticadas por varias ONG como una demostración de la impunidad en Serbia o, incluso, de la complicidad del Estado con actividades ilegales, y se han convertido en un símbolo para grupos que protestan contra ese proyecto urbanístico.

En los últimos meses, miles de personas se han manifestado en varias ocasiones contra los derribos, el proyecto y el Gobierno, y el símbolo de esas protestas es un pato de plástico porque el nombre de esa ave en serbio también significa "fraude".

Para Bojan Elek, del laboratorio de ideas Centro para la Política de Seguridad, las demoliciones reflejan que "el Estado de derecho quedó en suspenso por unas horas"

"Y la suspensión del derecho y de la justicia siguió también luego", lamentó.

Belgrade Waterfront pretende edificar en un millón de metros cuadrados rascacielos, hoteles de lujo y centros comerciales en una zona atractiva a orillas del río Sava que ahora se encuentra algo degradada.

El Gobierno de Serbia y la compañía privada emiratí Eagle Hills han acordado una inversión de 2.800 millones de euros para construir el complejo en un período máximo de 30 años.

Arquitectos serbios han criticado el plan por considerarlo poco transparente y el lugar poco adecuado para un proyecto de esa dimensión.

Serbia ha puesto la mitad de los 300 millones iniciales para preparar el proyecto y numerosos analistas temen que el Estado termine por pagar la factura si se retira el inversor.

Tras las demoliciones, la oficina del Defensor del Pueblo de serbia tomó cartas en el asunto ante las críticas ciudadanas por la inacción de la Policía y redactó un informe que deja en mal lugar a las fuerzas de seguridad y al Gobierno.

"Fue un intento coordinado de suspender el imperio de la ley en detrimento del interés público y en favor de personas privadas próximas al Gobierno", señala ese informe.

La falta de respuesta de la Policía se debió a "un plan preparado con anterioridad y a las órdenes dadas", se añade.

Unos testigos declararon al defensor del pueblo que los matones maniataron a una persona y a otras les quitaron sus teléfonos móviles mientras duraron las demoliciones.

"Tenemos testimonios de gente que fue privada de libertad durante un tiempo", declaró a Efe el vicedefensor del pueblo, Milos Jankovic.

La Fiscalía ha iniciado una investigación que, de momento, no avanza porque la Policía no le ha entregado la información requerida y la mayoría parlamentaria con que cuenta el Ejecutivo ha bloqueado la creación de una comisión que investigue el caso.

El primer ministro, Aleksandar Vucic, acusó de lo sucedido al Ayuntamiento de Belgrado y dijo que únicamente se derribaron "tres barracas ilegales" y que se está exagerando para atacar al Gobierno.

Según ONG y los afectados, la propiedad de los edificios todavía estaba siendo dirimida en los juzgados en el momento del derribo.

Por su parte, la iniciativa cívica "No ahoguemos Belgrado", muy crítica con el megaproyecto, ha denunciado a Efe que ha recibido amenazas y ha sido tildada en algunos medios como traidores o enemigos del Estado.

"Hemos presentado a la Policía y la Fiscalía denuncias por las amenazas, pero no hemos recibido ninguna respuesta", dijo Virdzinija Djekovic, uno de sus miembros, que sostiene que la no investigación de los derribos es "un intento de encubrir el escándalo".

Serbia es un país candidato a entrar en la Unión Europea y el respeto al Estado de derecho es un aspecto importante en las negociaciones.

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