Un juzgado avala la concesión de la investigación minera de Paymogo

El juzgado contencioso administrativo 13 de Sevilla ha considerado ajustada a derecho la adjudicación a Minas de Aguas Teñidas S.A. del permiso de investigación Paymogo, situado entre los términos municipales de Paymogo y La Puebla de Guzmán, ambos de la provincia de Huelva.

El concurso público minero, que fue convocado a finales de 2013 y resuelto el 28 de abril de 2014, se adjudicó a Minas de Aguas Teñidas, tras lo cual la compañía canadiense Emerita Resources recurrió judicialmente, según ha informado la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

Con esta resolución, los órganos judiciales respaldan "el criterio y buen hacer de la Junta de Andalucía" en las concesiones mineras y desestiman las iniciativas judiciales de Emerita, resalta la consejería antes de recordar el archivo decretado en noviembre respecto a la concesión de la mina de Aznalcóllar.

Los hechos en Paymogo se remontan a noviembre de 2014, cuando la Secretaría General Técnica de la consejería desestimó el recurso de alzada interpuesto por la canadiense Emerita contra la resolución del citado concurso.

La denuncia aseguraba que la Administración les había impedido el acceso al expediente del concurso convocado, que la Junta habría ayudado a Aguas Teñidas en perjuicio de los otros concursantes y que los criterios seguidos por la Junta al valorar los compromisos medioambientales y el grado de conocimiento del recurso fueron arbitrarios.

La Junta, por su parte, aseguró que sólo estuvo limitado el acceso a la información en aquellos aspectos que cada aspirante consideró confidenciales y que un error técnico registrado "no es esencial, sino que es subsanable y fue subsanado", según el juzgado.

Sobre la supuesta arbitrariedad, la Junta sostiene que fijó sus "argumentos basándose en la discrecionalidad técnica: es decir, en el criterio y la cualificación de sus técnicos, como suele ser habitual en cualquier concurso público, donde un equipo de funcionarios públicos debe tomar una decisión y otorgar, para ello, una serie de puntuaciones".

La consejería ha precisado que el magistrado también condena en costas a la empresa demandante y destaca que, en el caso de Aznalcóllar, la juez entendió que no existían indicios de delito y que el procedimiento observado había sido el correcto, tras lo cual levantó la imputación que pesaba sobre siete personas.

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