Plataforma denuncia que la nueva ley no da respuesta a la crisis habitacional

El Grupo Promotor de la ILP Vivienda han lamentado que la nueva propuesta de ley presentada hoy por la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, "no da respuesta a la crisis habitacional".

La consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, ha anunciado una nueva ley que dará uso social a pisos vacíos de bancos, texto que sustituirá los puntos suspendidos por el Tribunal Constitucional de la ley contra la pobreza energética y la emergencia habitacional.

"La propuesta de ley será difícil de aplicar y se queda corta para dar respuesta a la emergencia habitacional", ha denunciado el Grupo Promotor de la ILP Vivienda.

En las medidas contra el sobreendeudamiento de la Ley 24/2015 en la nueva propuesta legislativa, los mecanismos de segunda oportunidad se articulan a través de la mediación y la Comisión de Vivienda y Asistencia ante Situaciones de Emergencia social (CHASE), ha apuntado la plataforma.

En ese sentido, los activistas han aseverado que dicha mediación "es voluntaria y la buena voluntad de la banca ni se conoce ni se le espera", y está basada en el artículo 132-4.3 del Código de Consumo de Cataluña -pendiente de sentencia del TC-.

Por otra parte, el plan de saneamiento "no conduce de forma clara a la cancelación de la deuda de las familias sobreendeudadas, sino que prevé otras medidas que pueden significar dilatar la problemática", han lamentado.

Asimismo, la herramienta que establece la nueva ley para aumentar el parque de viviendas de alquiler social y que sustituye a la cesión obligatoria de la Ley 24/2015 es la utilización temporal de viviendas por interés social.

Esta modificación implica que el Govern recupera de forma limitada una medida que ya recogía la Ley Catalana por el Derecho a la Vivienda y que el expresidente Mas eliminó el año 2011 con la Ley Omnibus, han recordado.

Mientras que en la Ley 24/2015 había una definición amplia de "gran tenedor de vivienda", ahora sólo se podría aplicar a los pisos inscritos o susceptibles de ser inscritos en el Registro de pisos vacíos, que no cuenta con control de la obligatoriedad de inscripción, han apuntado.

Además, los activistas han denunciado que la expropiación es un mecanismo "lento y caro" para abordar la emergencia, por lo que no se utilizará de forma urgente, y puede significar "un nuevo traspaso de recursos a la banca".

En cuanto a uno de los "artículos clave" que obligaba a los grandes tenedores de vivienda a ofrecer un alquiler social para evitar los desahucios, han denunciado que "se plantea una fórmula similar, pero limitada".

El nuevo texto obliga al realojamiento obligatorio en casos de desahucio por impago de hipoteca o alquiler, pero se limita sólo a los titulares del registro de pisos vacíos de la Generalitat, es decir, a las entidades financieras y los fondos de inversión.

La plataforma ya presentó al Govern varias alternativas al recurso de la Ley 24/2015, institución que ha sido "poco receptiva a modificar sus propuestas", han denunciado los activistas.

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