Los promotores elevarán sus quejas a la Administración para que genere suelo

Varios promotores inmobiliarios han planteado hoy que necesitan incrementar su nivel de crítica a la Administración para conseguir que genere más suelo apto para la construcción, con la advertencia de acudir a los tribunales para pedir responsabilidades patrimoniales por retrasos en licencias.

Durante el congreso Inmobiliario 2018 organizado por la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, algunos representantes del sector han reclamado subir "el nivel de exigencia" ante "la dejación" de las administraciones públicas.

Así lo ha expresado Rafael González-Cobos, presidente de Ferrocarril Grupo Inmobiliario, durante uno de los coloquios del congreso, en el que el director ejecutivo de ASG Homes, Víctor Pérez, ha recordado que les queda la posibilidad de plantear demandas judiciales a las administraciones para solicitar "responsabilidad patrimonial" por pérdidas o lucro cesante.

"Ahora no lo estamos reclamando por el miedo a...", ha añadido Pérez, tras asentir cuando Juan Velayos, consejero delegado de Neinor Homes, ha dicho que "o generan suelo y otorgan licencias en plazos decentes o este sector se considera intervenido".

"No podemos permitir que las administraciones públicas sigan así de inútiles, ineficientes y sin vocación alguna de cambiar esto", ha enfatizado Velayos, quien, no obstante, ha agregado que algunos ayuntamientos "sí trabajan bien" y conceden licencias en tres meses, cuando en otros casos esperan más de dieciocho.

González-Cobos ha lamentado que algunas administraciones son precavidas ante una burbuja inmobiliaria, que, en su opinión, "no existe", sino que, al contrario, el aumento de precios de la vivienda se debe en parte a las demoras administrativas que conllevan carencia de suelo.

"A veces se tiran años para una reparcelación, que es un trámite de gestión, no de planeamiento", ha puesto como ejemplo, antes de pedir a todos los promotores que incrementen todo lo posible "la presión" hacia las administraciones.

Philippe Buisson, director de operaciones de Emerige, ha indicado que en Madrid los trámites son más lentos que en París, lo que condiciona las inversiones, ya que "un trimestre de retraso lastra un punto la rentabilidad interna de un proyecto".

Buisson ha dicho que las demoras se dan en todas las administraciones españolas, "da igual el color político" que tengan, y ha lamentado también la falta de digitalización.

"No entendemos que se tarde un año para una licencia de construcción o tres o cuatro meses para una de primera ocupación", ha dicho el directivo de Emerige.

El presidente de la tasadora Tinsa, Ignacio Martos, moderador del debate, ha indicado que "el mensaje de que se desarrollan viviendas no sería malo para la economía social".

Velayos ha apuntado que el sector está unido para dar "un zasca" a la Administración, pero que también debe ser autocrítico y ver su propia ineficiencia, en especial en la falta de colaboración entre los actores de la cadena de valor: entre promotores y constructores o entre estos y los proveedores.

Todos los participantes han coincidido en que está lejos una burbuja porque "la demanda no está disparada" -como ha expresado González-Cobos-, quien ha añadido que si los precios están aumentando -salvo en quince provincias que siguen a la baja- es por el aumento de los costes de producción.