Las Cortes instan desarrollar un plan para el relevo generacional en el campo

Las Cortes de Castilla y León han instado hoy a la Junta a desarrollar un plan integral de relevo generacional en el sector agrario de la Comunidad, que contemple desde la financiación de las inversiones necesarias, hasta el acceso a la tierra, el asesoramiento y la formación para los profesionales.

Esta medida se ha enmarcado dentro de un acuerdo alcanzado entre el Grupo Popular y el Socialista en las Cortes, que se ha presentado en la sesión plenaria de hoy en forma de moción a manos del procurador socialista Juan Luis Cepa, que además ha contemplado otras medidas, aprobadas por unanimidad en la Cámara, destinadas a modernizar el sector agrícola y ganadero.

Entre estos puntos que también han salido adelante gracias al cuerdo entre PP y PSOE han estado la puesta en marcha, en coordinación con el Gobierno de España, de medidas para fomentar la digitalización del sector; el refuerzo de la posición negociadora de los productores en la cadena de valor alimentaria; o el desarrollo de las infraestructuras agrarias contempladas en el MAPA 2014-2020.

Fuera de estos acuerdos y, por consiguiente, rechazados en la votación de esta moción, han quedado otros puntos contemplados inicialmente en la iniciativa socialista, como la puesta en marcha de un fondo de contingencias para adversidades climatológicas, que se activaría cuando la renta agraria disminuyera más del 40 por ciento.

A esta propuesta de creación del fondo del contingencia se ha opuesto tanto el Grupo Popular, partidario de potenciar los seguros agrarios, como el Grupo Ciudadanos, que se ha mostrado más partidario de crear un fondo, pero a nivel europeo, ha defendido el procurador de Cs David Castaño.

En otros asuntos, la segunda de las mociones presentadas en la sesión plenaria de hoy ha versado en materia cultural y ha sido defendida en el hemiciclo por el portavoz de IU-Equo, José Sarrión, que ha visto cómo la Cámara no ha aprobado ninguno de los 18 puntos contemplados en su iniciativa y que muchos de ellos recogían las demandas de los gestores culturales dentro del Pacto Nacional por la Cultura.

Entre estos puntos rechazados se encontraba la presentación de un Proyecto de Ley de Derechos Culturales en Castilla y León en el que se recojan los contenidos del derecho al acceso a la cultura y de participación en la vida cultural de la comunidad u otras medias destinadas a mejorar la participación y la interdisciplinariedad de la gestión cultural.

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