Las concesionarias abogan por soluciones individuales para las autopistas

Seopan, asociación que engloba a las mayores constructoras y concesionarias de España, ha abogado hoy por dar soluciones "individualizadas" a las ocho autopistas en concurso de acreedores para evitar que vayan a la liquidación y que los ciudadanos tengan que pagar 5.000 millones de euros.

El presidente de Seopan, Julián Núñez, ha explicado hoy que la solución que se barajó en su momento con la exministra de Fomento Ana Pastor de crear una sociedad pública para sumir estas carreteras ya no es viable porque llevaría a engrosar el déficit público, y ha pedido a su sucesor, Íñigo Gómez de la Serna, que se siente a negociar una salida.

"A día de hoy, esa solución ya no es viable, es lo que me han dicho", ha afirmado Núñez en rueda de prensa.

Las concesiones de autopistas en concurso y que asumiría el Estado en caso de quiebra son la Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda (AP36), Cartagena-Vera y M-12 Eje Aeropuerto, así como las radiales madrileñas R-2, R-3 y R-5.

La M-12, la AP36 y la R3/R5 ya están en liquidación, aunque con la última de ellas está pendiente de dictarse una sentencia que la deje sin efecto, como ya ocurrió en el caso de Ciralsa (Circunvalación de Alicante), cuya liquidación fue rechazada recientemente por la Audiencia de Madrid.

Según Núñez, al menos dos de las vías, entre ellas la R-2, podrían evitar su liquidación si el Ministerio de Fomento se adhiriera al convenio que han acordado sus accionistas, incluidos los fondos "buitres" que entraron ellas a precios "de derribo".

En otros casos, la solución pasaría por la recompra de la deuda por parte de Fomento, ha señalado Núñez, quien ha explicado que la reestructuración de la deuda financiera (en un 80 % en manos de fondos) a un valor inferior al nominal evitaría la cláusula de disolución y la liquidación.

Núñez ha lamentado que ahora este tema no sea prioritario para Fomento, que desde febrero se ha centrado en la crisis con los estibadores, al tiempo que ha urgido al ministro a retomarlo lo antes posible para darle una solución.

Ha insistido en que el Estado está obligado por ley a pagar a las concesionarias por las inversiones acometidas y ha recordado que este problema se arrastra desde 2004 por un incremento de los costes de expropiación en casi 2.000 millones, de la inversión inicialmente prevista en otros 1.000 y la caída de los tráficos por la crisis, entre otros motivos.

"Lo que nos preocupa es que las ocho vayan a liquidación", ha subrayado Núñez, quien ha insistido en que el coste de esa liquidación recaería sobre los ciudadanos.

Según las cifras que maneja Seopan, a 31 de diciembre de 2016, la Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA) -inversión pendiente de amortizar- ascendía a 4.032 millones de euros; a lo que habría que añadir 625 millones por instrumentos financieros que al extinguirse las sociedades no podrían recuperarse y 1.000 millones por expropiaciones.

"Si no se encuentra una alternativa el contribuyente tendrá que asumir el pago de casi 5.0000 millones de euros de acuerdo a lo que recoge la ley", ha advertido Núñez, quien ha asegurado que el Gobierno tiene un papel fundamental en la búsqueda de una solución.

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