La Sindicatura aprueba la Cuenta General del Principado del pasado año

La auditoría financiera realizada por la Sindicatura de Cuentas al Gobierno asturiano y sus organismos autónomos del pasado año ha sido "favorable, con salvedades", al igual que la realizada desde el punto de vista del cumplimiento de sus operaciones financieras y presupuestarias.

El informe también recuerda que el Gobierno asturiano sigue sin haber aplicado 15 recomendaciones hechas por la Sindicatura en auditorías de años anteriores, como la necesidad de que aborde de forma urgente una reforma del marco normativo en materia económica, financiera, presupuestaria y contable para mejorar la transparencia y estabilidad presupuestaria.

Entre los incumplimientos, también recuerda que es preciso poner en marcha un sistema completo de costes/gestión que permita fijar objetivos de actividad, conocer el coste real de cada política y servicio y establecer indicadores para evaluar los resultados alcanzados.

De la auditoría financiera de las cuentas del pasado ejercicio, el informe cuestiona que la administración siga sin facilitar el acceso informático en tiempo real y que siga sin poder cuantificarse la totalidad de las desviaciones de financiación, tanto las de 2017 como las de acumuladas, por no disponerse de una contabilidad de los gastos con financiación adecuada.

También critica que no se hayan podido identificar las operaciones concretas de capital que fueron financiadas con los 545,4 millones de euros destinados a atender vencimientos de deuda con entidades financieras y con el Estado y a financiar parte del déficit del saldo de las operaciones de capital.

El informe advierte de que las desviaciones de financiación fueron calculadas sólo teniendo en cuenta los gastos financiados por el Estado, sin incluir los provenientes de la Unión Europea y del endeudamiento regional, por lo que "ni el resultado presupuestario del ejercicio, ni el remanente de tesorería total reflejan la imagen fiel de la realidad económico-financiera del ejercicio".

La liquidación del presupuesto de ingresos tampoco debería incluir, según este informe, 166,1 millones de euros de derechos reconocidos en ejercicios anteriores pendientes de cobro correspondientes a fondos mineros, entre otras partidas.

En la auditoría financiera se destaca también los préstamos a largo plazo que tiene concedidos a las empresas públicas Sogepsa (144,7 millones), Zalia (104,9 millones) y Gijón al Norte (10,9 millones) y que ha avalado a las dos primeras con 71,8 y 50,6 millones, respectivamente.

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