La PAH pide contratos de alquiler indefinidos para colectivos más vulnerables

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ve insuficiente la propuesta del PSOE de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para elevar de 3 a 5 años la duración mínima de los alquileres y ha pedido que el plazo sea mayor, y que en caso de colectivos vulnerables la duración sea indefinida.

El PSOE ha registrado una propuesta para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, que regula la duración y los precios de los alquileres, para aumentar la duración de los contratos hasta 5 años y crear un índice de referencia voluntario que marque los precios de los arriendos según las características de la vivienda.

En un comunicado, la PAH considera que la propuesta del PSOE, "si bien anda por buen camino recuperando mecanismos que existían en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, debe ser más ambiciosa para hacer frente a la burbuja del alquiler".

La PAH ve necesario "aumentar mucho más la duración contractual para que vivir de alquiler se pueda compaginar con proyectos largos de vida". Por eso propone una duración de 5 años con prórroga por otros 5 en casos de pequeño propietario, y de 10 años con prórroga por otros 10 en casos de gran tenedor, como pueden ser un banco o una gran inmobiliaria.

Además, considera necesario que se establezcan contratos de duración indefinida para colectivos vulnerables, como personas que tienen especiales dificultades a la hora de buscar vivienda, mayores de 65 años, personas discapacitadas, familias con dos o más hijos en edad escolar, víctimas de violencia de género, menores tutelados "y aquellos colectivos que se determinen reglamentariamente".

La PAH ha reprochado al PSOE que eliminara en 1985 los alquileres de duración indefinida a través del "decreto Boyer" y recuerda que éstos existen en países como Alemania, Austria, Suiza y los países escandinavos.

Sobre la creación del índice de referencia y vincularlo a reducciones fiscales para el propietario, como propone el PSOE, la PAH opina que "el planteamiento está mal enfocado" porque ofrecer reducciones fiscales a los dueños de pisos que se acojan al índice es "entrar en la lógica de comprar derechos ciudadanos con recursos públicos".

Por ello, la PAH pide "medidas efectivas" como dotar a los ayuntamientos "de la capacidad de crear índices de referencia obligatorios cuando lo demande la ciudadanía del municipio", como ocurre en Alemania.

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