La Comunidad regula las adjudicaciones para realojos de poblados chabolistas

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que regula los procedimientos de adjudicación y cambio de viviendas en operaciones de realojo de poblados chabolistas, cuyos derechos de propiedad o de uso corresponden a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

El objetivo es "unificar los criterios y requisitos que rigen estas operaciones para que sean comunes a todas las actuaciones que se llevan a cabo en esta materia", ha dicho en rueda de prensa el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Ángel Garrido.

No obstante, el decreto excluye expresamente de esta regulación a las operaciones de realojo de la Cañada Real Galiana, que debido a sus especiales condiciones se regirá por su propia normativa, ha precisado Garrido.

Hasta el momento, la Comunidad realojaba a las personas que habitan en estos núcleos mediante convenios que se suscribían con cada Ayuntamiento, en los que, tras realizar un censo, se exponían las condiciones del realojo.

Con el texto aprobado hoy, los convenios seguirán existiendo y recogerán las acciones que llevará a cabo cada administración, pero habrá "un marco normativo y jurídico único que regulará las pautas aplicables en los contratos de alquiler que suscriban las personas realojadas".

Entre los requisitos para acceder al realojo están "acreditar una antigüedad de residencia" dentro del término municipal donde se ubique el poblado por el tiempo que determine el convenio.

También se deberá acreditar un periodo de residencia en la Comunidad de dos años anteriores a la firma del convenio, contar con ingresos familiares máximos de 3.5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) o que ninguno de los miembros de la unidad familiar haya sido ya adjudicatario de vivienda pública.

Aparte de casos aislados de personas de etnia gitana de nacionalidad rumana en algunas localidades, en la región apenas quedan ya el asentamiento de Las Sabinas, que afecta a los términos municipales de Móstoles y Arroyomolinos, y El Gallinero en Madrid capital, además de la Cañada Real, excluida de este decreto.

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