La Comunidad lleva al Supremo el pago de sentencia con Tres Cantos y Colmenar

La Comunidad de Madrid ha interpuesto en el Tribunal Supremo un recurso de casación ante el último fallo del conflicto que mantiene con Colmenar y Tres Cantos sobre la finca de El Tagarral, por el que el Gobierno les exige que paguen los 21 millones de euros que, a su juicio, corresponde a cada uno abonar.

El caso se remonta a 1987, cuando la Comunidad aprobó la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Colmenar Viejo, que cambiaba la calificación de un suelo -que ahora pertenece a Tres Cantos- de urbanizable programado a suelo no urbanizable.

En 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) condenó a las tres administraciones a pagar 42 millones a los propietarios del suelo, aunque finalmente la cifra ascendió a 63 millones por los intereses de demora.

La Comunidad llevó este asunto a la vía judicial por primera vez en 2016, cuando interpuso un recurso contencioso administrativo para reclamar el reintegro de esa cantidad, después de que el Ejecutivo madrileño asumiera el pago total de la multa.

Este nuevo paso dado por el Ejecutivo autonómico se produce después de que en noviembre de 2018 el TSJM revocara una sentencia anterior que obligaba a Tres Cantos y a Colmenar a pagar su fracción de la multa.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente han confirmado a Efe que han presentado un recurso de casación ante el Supremo, insistiendo en la necesidad de dividir la multa entre las tres partes.

La Comunidad de Madrid asumió inicialmente el pago, pero ahora reclama a las dos localidades que abonen sendas cantidades de 21 millones de euros.

Por su parte, el alcalde de Colmenar, Jorge García, ha declarado a Efe que la Comunidad ha adoptado "una postura equivocada", porque el Gobierno "decidió hacer frente a esa sentencia sin consultar a los Ayuntamientos".

García ha manifestado que "lo que hay que hacer es crear una comisión a tres bandas", en la que se decida cómo asumir el pago.

En su opinión, la Comunidad de Madrid es la que debe afrontar los intereses de demora, y ha mencionado que "en todo caso" habría que estudiar "cómo se paga la multa original", estudiando "qué Ayuntamientos" deben hacer frente y de qué forma.

También ha manifestado que espera que el Supremo "no contradiga" la sentencia previa del TSJM, aunque ha asegurado que "respetará cualquier decisión".

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