Granada reclama al Gobierno la línea eléctrica Caparacena-Baza-La Ribina
La Diputación de Granada ha aprobado hoy una moción para instar al Gobierno a revisar el plan de desarrollo de[…]
La Diputación de Granada ha aprobado hoy una moción para instar al Gobierno a revisar el plan de desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020 para incluir con carácter "vinculante y garantizando" el eje Caparacena-Baza-La Ribina y otras infraestructuras de Granada, Almería y Jaén.
La iniciativa, presentada por el grupo socialista y aprobada por unanimidad con una enmienda del PP para incluir también la línea Baza-Guadix, plantea que se trata de infraestructuras necesarias y de vital importancia para el desarrollo socio-económico presente y futuro de las comarcas implicadas.
Además se ha aprobado una iniciativa, a propuesta del grupo Ciudadanos, para desarrollar un programa de "Smart Rural" consistente en hacer, en primer lugar, un análisis técnico de la estructura empresarial en los contextos rurales de cada una de las comarcas para constituir, posteriormente, un grupo de trabajo que desarrolle, de manera consensuada, un plan estratégico.
La propuesta incluye la realización de un plan de acción para promover iniciativas e impulsar desde la Diputación una iniciativa por cada comarca.
También se ha aprobado por mayoría una moción del grupo Vamos Granada para instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno central a paralizar de manera preventiva la instalación de los contadores inteligentes debido a los incumplimientos de las directivas europeas por parte del Gobierno del Estado.
La propuesta aprobada subraya el derecho de la ciudadanía de oponerse a la instalación de los contadores telegestionables y a solicitar a las empresas la restitución de los contadores antiguos en caso de que la sustitución se haya realizado sin el consentimiento de los usuarios y sin haberse sido informados adecuadamente.
El pleno de la Diputación ha aprobado igualmente, a propuesta del PP, una moción de apoyo al sector pesquero de Motril y una iniciativa del grupo Izquierda Unida para la Gente para instar al Gobierno de la nación a que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2017 se incluya la reducción de la jornada laboral de todos los empleados públicos, de 37,5 a 35 horas semanales.
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