Extremadura tendrá un máximo de 43,2 millones para vivienda, 19 millones más

Extremadura contará con una ayuda máxima de 43.290.000 euros para subvenciones en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, lo que supone 19 millones de euros más con respecto a la cuantía máxima establecida en el anterior Plan de Vivienda 2013-2016, que ascendió a 24.154.800 euros en la región.

Para poder lograr esta cuantía máxima, la Junta de Extremadura, como el resto de las comunidades, tendrá que aportar un 30 por ciento adicional de la financiación que le corresponde en este plan.

El nuevo plan, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo, cuenta con una dotación estatal de 1.443 millones de euros, un 62,46 % más con respecto a la dotación presupuestaria de los ejercicios correspondientes al plan 2013-2016 (888 millones).

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha presidido hoy la Conferencia Sectorial en la que se ha aprobado el reparto de los fondos estatales con las abstenciones de cuatro comunidades socialistas (Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares y Extremadura).

En rueda de prensa posterior, De la Serna ha asegurado que se trata del plan "más participativo de la historia", ya que incorpora más del 80 % de las sugerencias, pero también el "más ambicioso" porque se han incrementado "de manera sustancial" las ayudas al alquiler, a la rehabilitación y medidas de apoyo a la vivienda.

Ha subrayado que con este plan, también "el más social de la historia", el Gobierno presta una ayuda adicional pero respeta la competencia de las comunidades autónomas para llevar a cabo las políticas de vivienda.

A partir de ahora, éstas tienen una semana de plazo para trasladar los programas que quieren incluir en el convenio con el Gobierno, lo que, según el ministro, significa que se ha dado más flexibilidad a las regiones ya que podrán decidir a qué quieren dedicar más recursos.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha justificado la abstención de Extremadura en este reparto en que "genera más dudas que certidumbres" y considera que ha habido "un cambio de reglas de juego a mitad del partido".

Según Vergeles, las líneas de subvenciones que Extremadura había intentado pactar con el Ministerio de Fomento "no se han respetado en su totalidad" y ha recordado que el plan obliga a las comunidades a poner un 30 %, algo que no ha ocurrido en los planes previos.

Aunque la medida no afecta al primer año de vigencia del plan se trata de un esfuerzo financiero para las comunidades autónomas que no se hacía antes, ha insistido el consejero.

Como en los anteriores planes, la gestión de las ayudas del plan corresponderá a las comunidades autónomas, que suscribirán los convenios correspondientes con el Ministerio de Fomento, en los que se establecerá la previsión de financiación a aportar en cada anualidad por el Estado, así como los compromisos de cofinanciación de las actuaciones que, en su caso, asuma la comunidad.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda contempla ayudas para el alquiler de viviendas a personas cuyos ingresos, sumados los de todos los miembros de la unidad de convivencia, no superen tres veces el IPREM.

Estas ayudas serán de hasta el 50 % de la renta y para alquileres de hasta 600 euros/mes o, en algunos supuestos, hasta 900 euros/mes.

El límite de la ayuda es, con carácter general, del 40 % de la renta, porcentaje que se eleva hasta el 50 % para los menores de 35 años y los mayores de 65.

Para los jóvenes, se otorgan además ayudas para la adquisición de vivienda en municipios de menos 5.000 habitantes, lo que, según el Ministerio, ayudará a reducir la despoblación en el ámbito rural.

A este respecto, Vergeles ha declarado que para acceder a las líneas de ayuda a los jóvenes "hay que ser pudiente, porque cubre solo un porcentaje de la ayuda al alquiler o la entrada, insuficiente para que se puedan emancipar" y ha criticado que se limite a las poblaciones de menos de 5.000 habitantes.

En este plan también se conceden ayudas de hasta el 100 % de la renta a las personas en situación de desahucio de su vivienda habitual para el alquiler de viviendas disponibles de las entidades financieras u otros propietarios.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales ha explicado que cuando se habla de las ayudas a las personas que han sido víctimas de una ejecución hipotecaria hay un problema "porque las bolsa de alquiler asequible de vivienda en esas poblaciones es mucho menor que en las de más de 5.000 habitantes".

"Las casas vacías que tienen los bancos están en poblaciones muy superiores a 5.000 habitantes", ha precisado.

Por otro lado, el plan recoge ayudas para la promoción de viviendas, ya sean públicas o privadas, destinadas al alquiler durante un plazo no inferior a 25 años. Estas viviendas no pueden alquilarse por encima de un nivel de renta y se destinarán a familias con ingresos limitados.

Además, se conceden ayudas a la rehabilitación edificatoria (como mejora de la eficiencia energética o accesibilidad) y se conceden ayudas a la promoción de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad con objeto de destinarlas al alquiler durante un plazo mínimo de 40 años.

Se trata de viviendas con instalaciones y servicios comunes adaptados y con alquiler limitado, que estarán destinadas a arrendatarios con pocos ingresos.

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