Excúpula ONO defiende gestión y dice que Vodafone conocía las dudas del fisco

El expresidente de ONO José María Castellano y la ex consejera delegada Rosalía Portela han negado hoy haber incurrido en una mala gestión y han insistido en que comunicaron a Vodafone las sospechas de Hacienda por la presunta evasión fiscal de proveedores de la compañía antes de su venta.

Ambos lo han asegurado ante el juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, donde se ha celebrado la primera de las sesiones por la demanda que la multinacional británica interpuso a tres altos cargos de ONO por su supuesta responsabilidad en la trama a través de la cual cuatro de los proveedores de su área de reventas internacionales defraudaron casi 60 millones en concepto de IVA.

En continuo tono de reproche, Castellano ha aseverado que sólo conoció esta situación en abril de 2014, tras reincorporarse de su baja médica, al mantener una reunión "rutinaria" en la que la Agencia Tributaria manifestó sus dudas por la posible connivencia con el carrusel defraudatorio de varios comerciales del área de reventas.

"Me dijeron que Hacienda no había presentado pruebas, por lo que contratamos a un detective privado para que comprobara si se habían enriquecido ilícitamente", ha relatado ante la sala, a la que ha insistido en que la compañía no presentó denuncia alguna al carecer de fundamentos.

Preguntado por la relación con los proveedores, ha señalado que investigaron su facturación y que concluyeron que todos habían pagado las correspondientes cuotas del IVA, como obraba en los certificados que emitieron al fisco.

Castellano ha sostenido que siempre actuó "con transparencia y ética" en beneficio de ONO, una compañía "quebrada" a su llegada en noviembre de 2008 y que "en cinco años alcanzó los 7.500 millones", y que si no incluyó las pesquisas iniciadas por Hacienda en el folleto informativo de la salida a bolsa, posteriormente suspendida, fue "porque tenía un orden del día más fundamental, salvar la vida".

Al respecto, ha recordado que sus funciones se vieron mermadas por la grave enfermedad que padecía, y ha aclarado que nunca tuvo "nada que ocultar" ni durante, ni antes ni después de la venta del 100 % de su capital social a Vodafone, que "no contó para nada" con él.

Motivos por los que se ha desmarcado de la "inadecuada gestión" que le achaca la demanda, según la cual incumplió con sus funciones de control y presionó al área de reventas internacionales para que aumentasen los ingresos "a cualquier precio", a fin de cobrar el bonus de 25 millones, recientemente reconocido por un tribunal, tras su cese.

En este sentido, ha minimizado el impacto de dicho negocio dentro del grupo, algo en lo que ha coincidido con Portela, que ha calificado de "minucia" lo que considera un área "tranquila y aséptica", que si bien "nunca dio resultados negativos", era "muy pequeña y aportaba poco".

La ex consejera delegada ha explicado que no estaba al tanto de las reventas internacionales puesto que no era su cometido y ha negado que éstas quedaran excluidas del control y de la auditoría interna de la propia ONO.

De hecho, ha aclarado, instó a sus compañeros a "abrir las puertas" a la Agencia Tributaria cuando en febrero de 2014 le hicieron saber que "había una investigación abierta en el extranjero contra algunos operadores de voz que podrían estar evadiendo" y pidieron su ayuda "para entender el segmento del negocio".

"Siempre he pensado que ONO fue víctima de la situación, era algo ajeno pero que nos afectaba de manera desagradable", ha lamentado Portela, que ha apuntado que incluso las propias entidades que participaron en la operación de refinanciación de la compañía "vigilaban" su funcionamiento.

Tras más de cinco horas, el juez ha suspendido la vista hasta mañana, jornada en la que intervendrá el último de los demandados, el ex director financiero de ONO Carlos Sagasta, así como los primeros testigos propuestos por las partes.