El sector gasista tendrá déficit de unos 400.000 euros en 2018

Los ingresos regulados del sistema gasista para 2018 serán insuficientes para cubrir los costes previstos y se generará un déficit[…]

Los ingresos regulados del sistema gasista para 2018 serán insuficientes para cubrir los costes previstos y se generará un déficit de unos 400.000 euros en ese ejercicio, aunque en 2019 se estima que registrará un superávit de ingresos de 5,4 millones.

Según el análisis que ha dado a conocer hoy la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de la propuesta de orden de peajes para 2019, cuya versión definitiva publicó el pasado sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE), las previsiones de demanda deberían ser reconsideradas.

En su opinión, se infravalora el número de clientes para el cierre de 2018 y para 2019, el volumen de carga en cisternas y se sobrevalora la previsión de las capacidades contratadas y facturadas.

Además, afirma que hay errores en el procedimiento de facturación para estimar los ingresos de las actividades reguladas para 2018 y 2019 que reducirían los ingresos previstos en 16 millones y 21 millones, respectivamente, que daría como resultado un desajuste negativo de 16,5 millones en 2018 y 15,5 millones en 2019.

En cuanto a los costes, la propuesta de orden prevé una retribución para 2019 de 2.953 millones, a la que hay que añadir los ajustes en los costes correspondientes a ejercicios anteriores (2017 y 2018) estimados en 90,6 millones.

Asimismo, la CNMC considera que las correcciones de años anteriores deben hacerse en 2018 y no en 2019, como figura en la propuesta de orden.

Competencia también cuestiona la disposición adicional primera de la propuesta de orden, cuyo contenido no ha sido finalmente incluida en la versión que se publicó en el BOE.

En esa disposición se establecía el procedimiento para llevar a cabo los pagos a Enagás Transporte por los costes de mantenimiento, operación y otros del almacén de gas Castor, que se encuentra hibernado tras los movimientos sísmicos que se produjeron en la zona en 2013.

A juicio de la CNMC, "se suscitan dudas razonables en cuanto a la suficiencia de rango de dicha disposición para acoger el abono a Enagás Transporte de los costes de mantenimiento de estas instalaciones, una vez anulada por el Tribunal Constitucional la base legal del reconocimiento de estos costes".

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