El CES pide ayudas para afrontar las obras consecuencia de inspección pisos

El Consejo Económico y Social (CES) vasco ha pedido que se instauren ayudas económicas para las personas en dificultades que tengan que hacer obras en sus edificios como consecuencia de la Inspección Técnica de Edificios que se ha implantado en Euskadi.

El CES, un órgano consultivo, ha emitido su dictamen sobre el decreto por el que se regula la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en Euskadi, redactado por el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco.

La antigüedad media del parque inmobiliario del País Vasco es de 42 años y, en 2020, el 64 % de los inmuebles (alrededor de 90.000 edificios) superará el medio siglo desde su construcción. Este año, en 2018, más de 66.000 edificios deberán realizar la Inspección Técnica de Edificios.

El CES recuerda que "el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada está estrechamente vinculado a las condiciones del edificio en el que se ubica" y que los datos expuestos evidencian la necesidad de que se acometan las inspecciones necesarias. Por ello, "acoge positivamente" el proyecto, sobre el que realiza algunas consideraciones.

Así, el Consejo entiende necesaria la "efectiva articulación de un sistema de ayudas económicas para apoyar a las personas propietarias en dificultades para la financiación de las obras de reparación que resulten de la inspección".

También sugiere que, entre los componentes a inspeccionar, se indiquen expresamente elementos adicionales, "como cornisas, salientes, vuelos o elementos ornamentales que son susceptibles de aparecer en fachadas y cubiertas y cuyo mal estado o defectuosa sujeción pueden ocasionar accidentes con consecuencias graves".

Además, el dictamen sugiere que el decreto incorpore la obligatoriedad de entregar una copia del informe de la ITE en las transmisiones de propiedad de viviendas, "dada la relevancia de la información contenida en este informe".

El informe también se fija en que el decreto establece que deben someterse a la ITE los edificios de más de 50 años de "uso predominantemente residencial", una definición que "genera dudas y dificultades de comprensión respecto a su aplicación en inmuebles con otros usos, además del residencial", según indica el Consejo.

Para estos casos, el Departamento se remite al planeamiento municipal que recoge el uso característico del emplazamiento donde se ubica el edificio.

Al CES "no le parece adecuada" esta opción, porque inmuebles en confluencia de uso similar podrían recibir un trato desigual según el municipio en que se encuentren.

Por este motivo, pide al Departamento de Vivienda que "haga un esfuerzo por delimitar en el propio texto del Decreto el concepto de "uso predominantemente residencial" mediante el establecimiento de criterios claros para la determinación de los edificios en los que, a los efectos de la norma, el uso residencial ha de considerarse el "predominante".

Otra matización se refiere al régimen de control y sanciones, de modo que se acometan las inspecciones pertinentes, ya que "ese régimen está casi ausente", indica el dictamen, que subraya la ausencia en el decreto "de un sistema ordenado de control de las inspecciones, dejándolo a la discrecionalidad de los ayuntamientos".

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