Detenidos dos administradores de una inmobiliaria por apropiación indebida

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas en Zaragoza, de 68 y 62 años, que gestionaban diversas cooperativas y comunidades de bienes para la promoción de viviendas en la ciudad como presuntas responsables de los delitos de administración desleal y apropiación indebida.

En 2008, comenzaron a captar clientes como una sociedad gestora para la constitución de una comunidad de bienes con el fin de llevar a cabo una promoción inmobiliaria en un barrio de Zaragoza y, atraídas por los precios publicitados, más de 100 familias les confiaron sus ahorros, con la esperanza de conseguir una vivienda, según informan fuentes de la Policía en una nota de prensa.

La sociedad gestora negoció los préstamos necesarios con las entidades bancarias y contrató a las empresas de construcción, que fueron quebrando unas tras otras hasta que en 2013 finalizó la construcción de los dos edificios y se procedió a la disolución de la comunidad.

Los comuneros se encontraron con la sorpresa de que la Junta de Compensación exigía a la comunidad de bienes una deuda de más de 500.000 euros y que una entidad bancaria les reclamaba el impago de pagarés por más de 600.000 euros.

Así los comuneros se encontraron con una deuda total de 1.247.269 euros, que se les reclamaba solidariamente, presentaron denuncia ante la Policía Nacional, en la que plasmaron sus sospechas de que la empresa gestora podría haberse apoderado de fondos para su propio beneficio, lo que habría generado los impagos.

Se abrieron diligencias y se comprobó que la empresa gestora se había arrogado unilateralmente mediante escrituras públicas unos honorarios del 10 por ciento sobre cuantas cantidades integrasen el importe de la ejecución, así como sobre el precio de la finca a adquirir.

Por otra parte la citada sociedad gestora se adjudicó a su nombre departamentos de los inmuebles en construcción por valor de unos dos millones de euros.

Igualmente, la sociedad gestora impidió en todo momento el acceso de los comuneros a la información directa de las cuentas, limitando el derecho de información al envío de liquidaciones sin más detalle ni justificación.

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