Desahuciados y víctimas violencia de género, con prioridad en alquiler social

La Conselleria de Vivienda ha aprobado la resolución que establece los nuevos criterios sociales de acceso en régimen de alquiler a las viviendas protegidas propiedad de EIGE y que dan prioridad a colectivos con más dificultades como menores de 35 años, desahuciados y víctimas de violencia de género.

También se dará prioridad a personas con una discapacidad igual o superior al 65 %, aquellos que tengan menores a su cargo, los que residan con barreras arquitectónicas no subsanables o los que el pago del alquiler suponga más del 25% de los ingresos de la unidad.

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica hoy esta medida, con la que se adapta la adjudicación de las viviendas de protección oficial (VPO) a la nueva Ley por la Función Social de la Vivienda como ya , ha informado la Generalitat en un comunicado.

La resolución también tiene en cuenta otras situaciones como tener un grado de discapacidad entre el 33 al 65 %, que en la unidad familiar haya algún integrante menor o superior a 60 años, así como solicitantes que se ven obligados a desplazarse por motivos laborales.

A través de esta resolución, la Generalitat reserva el 3 % de les viviendas protegidas disponibles para hacer frente a situaciones de especial emergencia, como la inhabitabilidad de la residencia habitual, y lo podrá ampliar un 2 % más si se completa el número de viviendas disponibles.

Con estas medidas, el Consell demuestra su sensibilidad hacia los colectivos más vulnerables y busca soluciones para dar respuesta a unas necesidades sociales que deben ser atendidas, según el comunicado.

En ese camino, han apuntado las mismas fuentes, se trabaja para conseguir la reducción de las desigualdades sociales en el ámbito de la vivienda y se avanza en la integración de los colectivos desfavorecidos.

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