Consejero reconoce que la UE limita ayudas a telecomunicaciones a medio rural
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha reconocido hoy que la legislación de la UE limita[…]
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha reconocido hoy que la legislación de la UE limita las posibilidades de subvención a las telecomunicaciones en el medio rural al prohibir las ayudas de Estado.
Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha visitado las nuevas instalaciones del Grupo Satec en Valladolid, compañía que sirve de apoyo a las telecomunicaciones de la Junta, ha señalado que las infraestructuras de telecomunicaciones son "un especial problema", en una comunidad tan extensa y tan poco poblada como Castilla y León, lo que obliga a "un especial esfuerzo".
Ha advertido que las administraciones "no pueden intervenir directamente" en el fomento de las nuevas tecnologías y la banda ancha en el medio rural debido a que la UE prohíbe las ayudas de Estado y lo deja a "la libre competencia de las compañías".
Sí que pueden las administraciones "sin distorsionar la competencia" apoyar a las empresas privadas en la extensión de las infraestructuras y con esa intención la Junta ha hecho recientemente dos convocatorias dirigidas a las empresas que pretendan tender redes de fibra óptica para pueblos de menos de 500 habitantes, mientras el Estado ha lanzado otra similar para municipios de más de 500 vecinos.
Desde las nuevas instalaciones del Grupo Satec, que cuenta con una plantilla de 17 empleados, la mayoría técnicos cualificados, se presta apoyo a la gestión del Centro de Operaciones y Servicios de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León.
Según ha reconocido el consejero, el buen funcionamiento del sistema operativo de la administración es imprescindible durante los 365 días de año y las 24 horas del día y, desde el punto de vista interno, permite la comunicación de los servicios centrales y de los territoriales de la Junta, con sus 80.000 empleados.
También permite las relaciones de la Junta de Castilla y León con los ciudadanos, con las empresas y con otras administraciones, incluidas las del Estado y las locales.
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