Concedida explotación minera de caliza a la empresa Fernández Rosillo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy el anuncio por el que se otorga concesión de explotación de caliza a la empresa Fernández Rosillo y Cia, S.L., en tres cuadrículas mineras situadas en los términos municipales de Santiurde de Toranzo, Puente Viesgo y Castañeda.

Se trata de una resolución adoptada por la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria, que se concede de acuerdo al permiso de investigación denominado "Elena".

Según ha explicado a Efe el director general de Industria, Raúl Pelayo, es una cantera de caliza en la que la concesionaria realizará trabajos de extracción de este tipo de roca y sobre la que deberá desarrollar un proyecto de restauración ambiental en cuanto finalice la explotación.

La empresa presentó en septiembre de 2009 en la Dirección General de Industria la solicitud para iniciar los trámites necesarios para el otorgamiento de una concesión de explotación para recursos de caliza en la totalidad de superficie de tres cuadrículas mineras situadas en Santiurde de Toranzo, Puente Viesgo y Castañeda.

Esta petición se completa con la presentación en noviembre de 2009 del documento inicial del proyecto que se pretendía desarrollar en el derecho minero.

Tras solicitarle el trámite de evaluación de impacto ambiental, la empresa presenta el 2 de diciembre de 2011 en la Dirección General de Innovación e Industria el proyecto de explotación y el día 7, de ese mismo mes, el estudio de impacto ambiental y el plan de restauración respecto a los trabajos que se plantean en la concesión solicitada.

Esta documentación es remitida a la Dirección General de Medio Ambiente en abril de 2012 para continuar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

El 31 de diciembre de 2015, la empresa solicitante presenta en el Registro General del Gobierno de Cantabria un nuevo estudio de impacto ambiental y un nuevo plan de restauración para la actuación minera que se plantea, como respuesta a lo exigido por la Dirección General de Medio Ambiente en un escrito de febrero de 2015.

Este último organismo formula en enero de 2017 una declaración de impacto ambiental que aprueba y autoriza el proyecto pretendido y el pasado mes de marzo se propone ya otorgar la concesión de explotación a la empresa Fernández Rosillo y Cía.

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