Bruselas quiere poner coto a los asesores fiscales que ayudan a evadir

La Comisión Europea (CE) presentará mañana una propuesta que obligará a los intermediarios fiscales, como bancos, consultores o abogados, a informar a las autoridades tributarias cuando den asesoría que pueda ayudar a evadir impuestos en la Unión Europea (UE), indicaron a Efe fuentes europeas.

Estos intermediarios estarán obligados a informar cuando los planes elaborados para sus clientes, ya sean individuos o empresas, cumplan con una serie de "marcas distintivas características de las estrategias típicas de evasión", según las fuentes.

Las autoridades fiscales de cada país que reciban la información tendrán que cargarla después en un registro central al que tendrán acceso el resto de Estados miembros de la Unión.

La norma afectará a todos los intermediarios que proporcionen asesoría fiscal, incluidos aquellos que presten servicios dentro de la propia empresa para la que trabajan, aunque la Comisión Europea (CE) no ha incluido una definición precisa de los mismos.

En algunos casos, la obligación recaerá sobre el contribuyente, como cuando su asesor se encuentre en un país de fuera de la UE, cuando se trate de asesoría en la propia empresa, y cuando el servicio esté proporcionado por un abogado sujeto a secreto profesional.

En este último caso no puede obligarse al profesional a informar, pero sí a su cliente.

El objetivo de Bruselas es hacer vinculante para todos los países de la UE la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que instó a hacer obligatoria la revelación de estas informaciones en el marco de sus esfuerzos para luchar contra la erosión de la base impositiva y la transferencia de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés).

De hecho, países como Reino Unido, Portugal o Irlanda ya cuentan con regulaciones sobre la materia.

Una vez que la propuesta sea validada por el colegio de comisarios y presentada oficialmente, lo que está previsto que ocurra mañana, esta tendrá que ser debatida y aprobada por unanimidad por los países.

La Comisión confía en que la legislación entre en vigor en 2019.

Es la primera vez que Bruselas propone reglas para atajar la actividad de los intermediarios fiscales, una iniciativa que se enmarca dentro de la ofensiva legislativa contra la evasión de impuestos que inició en particular a raíz de las revelaciones de los Papeles de Panamá.

Desde entonces, la UE ha acordado la directiva contra la evasión de impuestos (ATAD, por sus siglas en inglés), el intercambio de información entre Estados sobre los pactos fiscales que conceden a multinacionales, los informes por país sobre la actividad de las corporaciones en su territorio o la "lista negra" de paraísos fiscales fuera de la UE.