APDHA critica las "insignificantes medidas" contra la pobreza energética

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha criticado hoy las "insignificantes medidas" adoptadas por las administraciones para hacer frente a la pobreza energética, que afecta de "manera severa" a España, en general, y a Andalucía, en particular, según ha denunciado.

"Muy al contrario, las políticas emprendidas por nuestros gobernantes van en el sentido opuesto y desprotegen aún más a la ciudadanía", ha asegurado en un comunicado.

La citada organización subraya que más de cinco millones de personas en España (el 11 % de los hogares) no pueden calentar su vivienda en invierno, una situación que es "aún más dramática" en Andalucía, que supera en casi cinco puntos a la media nacional, ha aseverado.

"No se trata de confort, sino de salud y de vidas humanas", ha proseguido la asociación, que ha sostenido que anualmente se producen unas 1.400 muertes prematuras asociadas a la pobreza energética.

Según la APDHA, estos datos se desprenden del tercer estudio sobre "Pobreza, Vulnerabilidad y Desigualdad Energética. Nuevos enfoques de análisis. España 2006-2016", editado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).

Por ello, ha tildado de "miserable" el anuncio del ministro de Energía, Álvaro Nadal, de que el recibo de la luz se va a encarecer unos 100 euros al año, y ha considerado que "lejos de defender los intereses de la población, defienden los intereses especulativos de las eléctricas".

La APDHA reclama que las administraciones garanticen unos mínimos vitales a la población "y no de manera puntual, con las olas de frío".

Esta organización ha denunciado también que Instituciones Penitenciarias ha decidido no activar la calefacción en las celdas de las personas presas en Andalucía, salvo en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), como medida de ahorro económico, según les han comunicado familiares de los internos.

Por ello, tiene previsto interponer una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz y del Estado por una actuación que consideran "inhumana y que lesiona el derecho a la salud de los ciudadanos privados de libertad".

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