Alto cumplimiento Ley Cadena Alimentaria, con una empresa sancionada en 2017

Las empresas navarras se están adaptando "muy bien" a la ley de la Cadena Alimentaria, con un alto grado de cumplimiento, según la Agencia de Información y Control Alimentario que realizó 35 inspecciones en 2017, que se saldaron con cuatro sanciones a una empresa por no cumplir con los plazos de pago.

Estas sanciones, impuestas a una empresa del sector del aceite con sede en la Comunidad Foral, supusieron una multa de 3.000 euros, según el balance de la AICA presentado en rueda de prensa por la delegada del Gobierno, Carmen Alba, y el responsable de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), José Miguel Herrero.

El alto grado de cumplimiento de la ley de la Cadena Alimentaria detectado en Navarra ha sido destacado por Herrero, quien ha sostenido que las empresas navarras se están adaptando "muy bien" a esa norma, "mejor" que otras comunidades de autónomas.

AICA junto con el Ministerio de Agricultura trabaja a través de un programa de precios anómalamente bajos, en los sectores de leche líquida y aceite de oliva, que tiene por objetivo comprobar si las empresas que ofertan dichos productos cumplen la ley de la Cadena. En Navarra la sanción impuesta proviene de las inspecciones llevadas a cabo en el marco de este programa.

Las investigaciones realizadas en el sector vitivinícola corroboran que las bodegas navarras se han adaptado a la Ley de la Cadena, según el director de AICA, quien ha señalado al respecto que se ha constatado que todas las inspeccionadas cumplían la norma en lo relativo a contratos y pagos, a diferencia de otras comunidades. En las inspecciones llevadas a cabo en frutas y hortalizas también se ha comprobado que se cumple con lo previsto en la citada ley.

Tras explicar que inspecciones que se realizan en Navarra pueden conllevar sanciones en otras comunidades, al encontrarse en ellas la sede social de la empresa infractora, ha indicado que de las 35 inspecciones de oficio que practicaron, once tuvieron lugar en el sector vitivinícola y otras once en el oleícola. A ellas se suman siete en sectores cárnicos, cuatro en frutas y hortalizas y dos en el sector lácteo.

La agencia recibió además veinte denuncias por "venta a pérdidas", una práctica prohibida por la ley de Comercio Minorista, que es competencia de las comunidades autónomas, por lo que en este caso fueron comunicadas a la consejería de Comercio.

A nivel nacional, AICA realizó 1.882 inspecciones de oficio de las 3.669 llevadas a cabo desde el comienzo de su actividad inspectora en 2014. El resultado han sido 922 sanciones por un importe superior a los 9,2 millones de euros. Sólo el pasado año se impusieron 573, el 62 % de la cifra total.

La industria alimentaria concentra 424 de las sanciones, una cifra similar a la suma de las de la distribución mayorista (232) y la distribución minorista (248). Por sectores, frutas y hortalizas con 287 y lácteo con 265, son los más sancionados.

El incumplimiento de los plazos de pago es el motivo más frecuente de sanción (409), seguido de la reincidencia al cometer más de una infracción (244) y la ausencia de contratos (167).

Además de las actuaciones de oficio, AICA interviene cuando recibe denuncias por posibles incumplimientos de la Ley de la Cadena. Los datos acumulados recogen 210 denuncias, 59 en 2017, la mayoría en los sectores lácteo y de frutas y hortalizas.

Respecto al actual ejercicio, los sectores de frutas y hortalizas y vino serán prioritarios para AICA en Navarra y en este sentido se intensificará la vigilancia para combatir la morosidad en el sector agroalimentario y comprobar que se firman contratos por escrito y que se cumplen los plazos de pago.

El control de la calidad alimentaria no es competencia de esta agencia, según ha subrayado Herrero, quien ha explicado que lo que hacen es una constante labor de inspección en todos los sectores y a todos los agentes que intervienen en las relaciones comerciales de la cadena, se ocupan de la tramitación de expedientes, investigación de denuncias recibidas así como de alegaciones presentadas por las empresas objeto de vigilancia.

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