La Audiencia Nacional reactiva las pesquisas de los negocios inmobiliarios sospechosos de Bancaja y Banco de Valencia

La Audiencia Nacional ha reactivado esta semana la investigación abierta sobre algunos negocios inmobiliarios sospechosos en los que participaron Bancaja y Banco de Valencia, y que aparentemente contaron con la anuencia de sus cúpulas respectivas. A la cabeza de ellas aparece José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat valenciana y antiguo secretario general del PP_en esa comunidad, a quien se le impuso una fianza civil solidaria de 264,4 millones de dólares (232,7 millones de euros) junto a cuatro de sus principales directivos de la época.

Se trata de su sucesor al frente de Bancaja y antes director general, Aurelio Izquierdo;_la «mano derecha» de este y ex director general adjunto, José Cortina; el ex miembro del comité de inversión inmobiliaria de la entidad, Rafael Codoñer; y el que fuera consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra. Según el juez instructor del caso, sin «la necesaria connivencia» de los cinco no habría sido posible la trama que presuntamente urdieron dos empresarios valencianos, Juan Ferri y José Baldó para estafar a las dos citadas entidades financieras con varias compraventas de terrenos realizadas en el Caribe mexicano. Por ello les imputa los delitos de apropiación indebida, estafa, corrupción entre particulares y también administración desleal, de cuya comisión aprecia ya «serios indicios».

Se trata, en concreto, de las operaciones llevadas a cabo por el Grupo Grand Coral, denunciadas a finales de 2013 por los actuales gestores de Bankia -de la que formaron parte ambas entidades, si bien el Banco de Valencia fue intervenido en noviembre de 2011 por el Banco de España y luego traspasado a La Caixa-, que tuvo que ser rescatada por el FROB, inyectándola más de 22.400 millones. El perjuicio causado al banco y la caja asciende a 240 millones, según el FROB, y 250 millones, a juicio del Banco de España.

Las acusaciones se centran en la llamada «operación Emerald», que consistió en la adquisición de dos fincas en el territorio mexicano de Baja California, pero que previamente habían sido tomadas por los citados Ferri y Baldó a un precio bajo sin conocimiento de sus socios financieros. La compra posterior por parte de una sociedad mixta con Bancaja y Banco de Valencia les proporcionó una plusvalía de 138,8 millones de dólares (unos 122 millones de euros).

Los dos repitieron estos 'pelotazos' urbanísticos con el apoyo de la cúpula de ambas entidades -que hizo caso omiso, según el juez, del «malestar» y las «quejas» manifestadas por directivos de tipo medio ante los «continuos excesos» que apreciaban en esas operaciones, así como en la refinanciación que se facilitaba a las sociedades de Ferri y Baldó-, algunos de cuyos miembros (en concreto, Izquierdo y Parra) incluso recibieron parte de las ganancias, según concluyeron los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Otros, en apariencia, se habrían «conformado» con los viajes a Cuba financiados por los dos empresarios que, según el juez, «difícilmente podrán ser explicados como desplazamientos de negocios».

Sociedades "sin actividad"

Dos sociedades de Grand Coral, denominadas Playa Paraíso Maya y Proyectos y Desarrollos Hispanomexicanos, también fueron financiadas por Bancaja con 520 millones de euros, al igual que la matriz recibió otros préstamos multimillonarios para realizar sus negocios debido -según los peritos- a su "incapacidad para hacer frente a los vencimientos" que tenían. El problema es que al menos dos de ellos tuvieron que ser considerados "dudosos por razones de morosidad" desde 2010 puesto que el plan aprobado "no cumplía con las normas" del Banco de España.

Tan o más sospechoso resulta el hecho, también incluido en el informe pericial, que Grand Coral, dedicado en teoría a construir hoteles y viviendas de lujo en la costa mexicana, utilizaba para sus operaciones financieras sendas sociedades instrumentales radicadas en Holanda que no realizaron "ningun tipo de actividad inmobiliaria" que supuestamente sirvieron para el desvío de fondos y el pago de comisiones.

Sobre estos hechos fueron interrogados este lunes por la magistrada Carmen Lamela, y en calidad de investigados (lo que antes eran imputados), cuatro exdirectivos y exconsejeros de Bancaja: Josefa Martín, José María Catalunya, Eduardo Montesinos y Vicente Montesinos.

Este martes será el turno del que fuera presidente de Banco de Valencia, Antonio Tirado, y otra media docena de antiguos altos cargos de la entidad, así hasta completar los 23 que en total declararán esta semana en la Audiencia Nacional, ante la sospecha de la juez y la Fiscalía Anticorrupción de que podrían haber sido cooperadores necesarios en sendos delitos de apropiación indebida y administración desleal por haber supuestamente hecho la 'vista gorda' con las irregularidades de Grand Coral dando luz verde a sus créditos.

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