Gas Natural cree que podrá acudir a Ciadi por Colombia a partir de 3 de marzo

Gas Natural Fenosa considera que, a partir del 3 de marzo, estará amparada para solicitar un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) por las desavenencias con el Gobierno colombiano respecto a su filial Electricaribe.

Fuentes de Gas Natural Fenosa han asegurado a Efe que esa es la fecha a partir de la cual estaría habilitada para solicitar el arbitraje internacional en el caso de que no se alcance un acuerdo con el Gobierno colombiano, si bien la empresa sigue apostando por alcanzar un pacto.

La multinacional española está preocupada por el deterioro que aprecia en los indicadores de recaudación, fraude y calidad en el servicio de Electricaribe, que está intervenida por Colombia desde mediados de noviembre.

En este punto, las fuentes consultadas remarcan que Gas Natural desea lograr un acuerdo con el Gobierno colombiano que le permita retomar el control de la empresa, seguir invirtiendo en el país y acometer a la mayor brevedad el plan de inversiones que cree que necesita Electricaribe.

En julio del año pasado, como consecuencia de los problemas de morosidad y fraude de su filial Electricaribe, Gas Natural solicitó abrir un diálogo de seis meses al amparo del acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones firmado entre Colombia y España.

Desde entonces se han sucedido los contactos entre ambas partes, pero hasta ahora no ha sido posible alcanzar un acuerdo, y la vía del Ciadi, un organismo que depende del Banco Mundial, estará habilitada a partir del 3 de marzo, estima la multinacional energética.

Paralelamente, el Gobierno colombiano ha alargado otros dos meses más la intervención de Electricaribe, la distribuidora de energía que cubre la zona del Caribe colombiano, que proporciona luz a 2,5 millones de clientes de bajos recursos económicos y a la industria de la zona.

La compañía distribuye y comercializa electricidad en los departamentos de La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena.

El Gobierno colombiano y las autoridades locales del país justificaron la intervención de Electricaribe por los continuos fallos en el servicio y por la falta de inversiones, mientras que Gas Natural se queja de la falta de seguridad jurídica de su filial, aquejada por una elevada morosidad y fraude en la zona donde opera.

A principios de noviembre, Gas Natural dio a conocer que Electricaribe acumulaba facturas impagadas por valor de 1.259 millones de euros, si bien la multinacional precisó que tenía provisionado el 83 % de este importe.

El grupo español posee el 85 % de la empresa de distribución eléctrica Electricaribe desde el año 2009 y el 15 % restante está en manos del Gobierno colombiano.

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