El Tribunal de Cuentas Europeo ve fallos en el control de subsidios agrícolas

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) cree que Bruselas no tiene información adecuada para determinar si son efectivas las reglas que vinculan los subsidios a los agricultores con el cumplimiento de ciertas normas ambientales y de seguridad alimentaria.

"Siete millones y medio de agricultores están sujetos a estas normas, pero la CE actualmente no puede estar segura de si el sistema está contribuyendo a una agricultura más sostenible y ecológica en la UE", dijo en un comunicado Nikolao Milionis, responsable de un informe de la corte publicado hoy.

Los auditores destacan que los indicadores que utiliza la Comisión Europea (CE) en sus evaluaciones solo dan una visión parcial de cómo se están aplicando las reglas y que el Ejecutivo comunitario no ha hecho una estimación fiable de cuánto cuesta cumplirlas.

Estas normas, conocidas como de "cumplimiento transversal", ligan la recepción de subsidios a que se respeten reglas medioambientales, de bienestar animal y de seguridad alimentaria.

Se aplican a 7,5 millones de agricultores y ganaderos (están excluidas las pequeñas explotaciones) que reciben el 83 % de las ayudas previstas en la Política Agraria Común, unos 47.000 millones de euros.

Pero el tribunal señala que los indicadores que utiliza la Comisión no tienen en cuenta el nivel de incumplimiento entre los agricultores.

Además, apunta que algunas medidas aprobadas recientemente como los "pagos verdes" son muy similares a otras ya acordadas, como los estándares de "buenas condiciones agrícolas y medioambientales", pero se evalúan con dos sistemas diferentes, lo que "puede llevar a un control ineficaz y más burocracia", según la corte.

Por último, señala que existen muchas divergencias entre los Estados miembros de la UE a la hora de calcular las multas para los agricultores que no cumplan estas normas.

En consecuencia, la corte con sede en Luxemburgo recomienda a la Comisión que simplifique los mecanismos de control.

En concreto, pide que desarrolle de aquí a 2018 un sistema para estimar los costes del cumplimiento, que se avance en la armonización de las multas en la UE para 2020 y que mejore la concordancia entre los sistemas que buscan un mismo objetivo.

Además propone cambiar las reglas para los controles sobre el terreno e incide en que sus departamentos deben compartir mejor la información sobre incumplimientos.

Para elaborar su informe los auditores han visitado las regiones de Cataluña (España), Schlewwig-Holstein (Alemania) e Irlanda del Norte (Reino Unido), y han realizado dos encuestas entre las agencias encargadas de pagar los subsidios y consultorías agrícolas.

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