Coimbra (Vodafone): excúpula ONO conocía los riesgos en reventas desde 2013

El consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, ha dicho hoy que la excúpula de ONO conocía "al menos desde 2013" la existencia de riesgos, entre ellos fiscales, en el área de reventas internacionales, que no fueron controlados "porque querían ingresos a toda costa".

Según ha relatado Coimbra, Vodafone sólo conoció que la compañía que estaba a punto de adquirir estaba siendo investigada por la Agencia Tributaria "cinco días antes" de cerrar una operación que no suspendieron porque "legalmente habría tenido unas responsabilidades enormes".

De este modo, ha explicado, optaron por formalizar la compra el 23 de julio de 2014, momento en el que la multinacional británica inició unas pesquisas de las que, tiempo más tarde, infirió la "negligencia" de los gestores de ONO, que obviaron la existencia de "riesgos de impagos y que se pagaba a los proveedores de las reventas sin factura".

En concreto, ha señalado a la ex consejera delegada Rosalía Portela y al ex director financiero Carlos Sagasta, con quienes se reunió apenas días antes y que "nunca hablaron de temas fiscales, sólo comentaron que había un problema de corrupción entre particulares", en alusión a los regalos aceptados por varios comerciales del área, bajo sospecha por estar en connivencia con la trama defraudatoria de cuatro de sus clientes.

Coimbra ha insistido en que al conocer las dudas del fisco Vodafone encargó una serie de trabajos a Deloitte que, junto con los reportes de Hacienda, les permitió darse cuenta de que las reventas internacionales de voz "eran un negocio completamente separado, sin control, en el que se manipulaban los sistemas informáticos y que creció veinte veces sin tener margen de beneficio".

"Fue una sorpresa para todos enterarnos de que nos habían ocultado una información súper relevante", ha indicado ante el juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, que desde ayer acoge la vista por la demanda contra Portela, Sagasta y el expresidente de ONO José María Castellano, por su presunta responsabilidad en el fraude de casi 60 millones cometido por proveedores de la compañía.

A tenor del escrito, los tres incumplieron con sus funciones de control y presionaron al área de reventas internacionales para que aumentasen los ingresos "a cualquier precio", a fin de cobrar sus bonificaciones extra.

En este sentido, Coimbra ha asegurado que, aunque le "apena pasar por esto dado el interés estratégico de ONO", iniciaron acciones legales contra ellos "porque no cumplieron con el deber de diligencia y vigilancia del negocio y ocultaron información a Vodafone", lo que generó un perjuicio reputacional y patrimonial a la firma.

Por todo ello, ha aseverado, optaron por regularizar la cuantía defraudada y "reparar los daños de una gestión negligente" después de que Hacienda avisara del posible traslado del expediente ante la Fiscalía, un procedimiento que podría haber acarreado tanto a la empresa como a los directivos "consecuencias penales" de mayor gravedad.

Una versión que contrasta con los reproches de Castellano, para quien Vodafone y el fisco llegaron a un pacto por "problemas que no había" y de los que no existía prueba alguna, a pesar de haber ofrecido una alternativa que desatendieron.

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