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Abengoa llega a su ultimátum sin el apoyo de Andalucía pero con el de la Justicia

Abengoa está a la espera de la inyección de 20 millones de euros de la Junta de Andalucía tras lograr que la Justicia rechazase la suspensión cautelar del acuerdo de restructuración

El presidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo

Abengoa pretende cerrar este miércoles su plan de reestructuración con la inyección de 20 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía. En cambio, el ejecutivo regional muestra públicamente sus reticencias a aportar el montante solicitado. A favor de Abengoa está que la Justicia dictaminó que no es necesaria la suspensión cautelar del rescate que denunciaron los minoristas.

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La compañía notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la inyección del ejecutivo andaluz era “la única condición suspensiva que no depende la compañía”, después de alcanzar el 85% de suscripciones al acuerdo de restructuración, y fijó el 30 de septiembre como fecha límite.

Abengoa busca este sello público como muestra de vialidad empresarial que dé acceso directo a los 250 millones acordados con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) avalado por la totalidad de la banca del IBEX 35 -salvo el Banco Sabadell- que a su vez son accionistas de la compañía.

La Junta teme verse en los banquillos

La ingeniera sevillana fue muy clara al asegurar que sin el empuje del Gobierno regional el acuerdo se iría al traste, pero desde el Gobierno exigen las máximas garantías al equipo de Gonzalo Urquijo antes de firmar ningún documento.

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El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, fue muy claro respecto a la posición del ejecutivo y despejó cualquier tipo de dudas: “Necesitamos seguridad jurídica y garantía de viabilidad para ayudar a Abengoa”.

Y es que teme ver a la Junta sentada en los banquillos, como ya sucedió en el pasado, y por ello exige a la empresa “máxima transparencia” en las conversaciones y peticiones de documentación.

Continúan las negociaciones

Finanzas.com ya informó de que las relaciones entre ambos actores estuvieron prácticamente rotas durante más de un mes por este motivo.

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Bravo puntualizó durante una entrevista con Canal Sur Radio que fue Abengoa la que siempre se acercó a solicitar ayudas y que el Gobierno está “instrumentando de la mejor manera posible” la ayudas.

Pese a ello, enfatizó que Andalucía no posee ningún banco público ni instrumentos administrativos para esta situación. Por tanto, como gestores de dinero “se debe tener presente que debemos tener un procedimiento administrativo que regule la ayuda”, concluyó.

La cautelar como desbloqueo de la situación

Por otro lado, el consejero quiso recordar que el acuerdo de reestructuración estaba en los tribunales y que esta situación les daba margen para analizar y negociar la fórmula por la que intervendrían en Abengoa.

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El caso es que Javier Carretero, juez del Juzgado Mercantil 1 de Sevilla, rechazó la suspensión cautelar del plan de reestructuración que fue presentada por la plataforma Abengoashares.

El dictamen de Carretero aún es recurrible por parte de Abengoashares, que aglutina el 14,5% del capital social según sus cifras. El auto expone que no hay lugar a una suspensión, pues la tutela y la demanda del acuerdo están garantizadas. Eso sí, no impone ningún tipo de multa, sanción o costas temerarias.

Por tanto, al ser favorable a los intereses de Abengoa, no se produce la caución de 1.000 millones de euros que la compañía solicitaba en caso de que se produjese la paralización del rescate.

Los ojos en la Junta

La posición de Anbengoashares tras conocer la decisión judicial es que el “el partido no se ha terminado” por el hecho de que aún se puede recurrir la decisión ante la Audiencia Provincial y siguen apostando porque la junta general extraordinaria que solicitaron podría tumbar los acuerdos para Abenewco1.

 “Volveremos a pedir a Abengoa una nueva negociación de nuestra situación tras la negativa de la Junta de Andalucía de participar en su plan de reestructuración”, señalaron desde la plataforma de minoritarios.

Los accionistas minoritarios solicitaron la suspensión cautelar del plan al considerar que este contraviene la junta de accionistas de 2019 por “forzar una conversión anticipada de bonos, sin presentar cuentas ni vender activos que eviten la liquidación de la matriz”.

Para la antigua Abengoa, suspendida de cotización y en causa de disolución por un pasivo de 153 millones de euros, esta petición era una “extorsión” y por ello solicitaron la caución de 1.000 millones, para, según su defensa, pagar las nóminas de los trabajadores si se paralizan los acuerdos.

Junta de accionistas, la tercera vía

Abengoashares solicitó también una junta general de accionistas para tratar y votar sobre el plan de rescate. Las peticiones de estos inversores, además de la reformulación del rescate, pasan por contar con una mayor participación dentro de la nueva sociedad, Abenewco 1, y conocer cómo se está gestionando el plan para salvar el pasivo de 153 millones de euros de la antigua Abengoa.

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Los minoristas solicitan un incremento de participación en Abenewco 1 fijado en estos momentos en el 2,7% desde el 77% previo a la causa de disolución.

Por otro lado, creen que una inyección de liquidez del ICO a Abengoa no haría necesario el plan actual de adhesiones de bonistas y proveedores al agujero de 153 millones y aseguran estar en contacto con este organismo público, el SEPI y la Junta sobre esta cuestión.

“Blindar” el voto en la junta extraordinaria

Con las posiciones separadas y sin estar asegurado los 153 millones de euros, la CNMV se mantiene firme en su decisión de continuar con la suspensión de cotización del valor.

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Los minoristas apoyan la decisión de la CNMV, aunque en un principio no la entendieron. Eso sí, tras analizar la situación "nos dimos cuenta de que el volumen negociado previo a la suspensión correspondía al 10% del capital social”.

Para ellos, este hecho se traduce una maniobra “por parte de inversores de relevancia que deseaban blindarse ante una previsible junta extraordinaria de accionistas”.

Con todo, creen que la CNMV está “defendiendo” sus intereses, pero desean retornar lo antes posible la cotización “porque tiene que ser el mercado en el que ponga precio a la compañía para que valore y calibre la situación actual.

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