Uruguay dice que Convención de 1954 ampara solicitud de asilo de Alan García

La Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, firmada por los países de la Organización de Estados Americanos (OEA), ampara la solicitud del ex presidente peruano Alan García al Gobierno de Uruguay.

Según informó hoy la Presidencia uruguaya, García contactó con el mandatario del país, Tabaré Vázquez, por teléfono para manifestar su deseo de iniciar los trámites para recibir asilo político, petición que será aceptada en el marco de la dicha convención, dijo este domingo el canciller, Rodolfo Nin Novoa, al diario local El País.

En su artículo 1, la normativa establece que todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamación alguna.

García se encuentra en la sede de la embajada de Uruguay en Lima con la intención de presentar la solicitud, que según explicó a Efe el senador de la coalición de izquierdas que gobierna en Uruguay, el Frente Amplio, Marcos Otheguy se debe entregar a través del Ministerio de Exteriores para ser evaluada por el Poder Ejecutivo en el marco de los convenios internacionales que hayan suscrito los uruguayos.

El ex presidente peruano solicitó asilo en la embajada de Uruguay en Lima después de que un juez le prohibiera salir del país durante 18 meses mientras es investigado por una presunta colusión agravada y lavado de activos en el caso Odebrecht en Perú.

El Ministerio de Exteriores peruano informó en un comunicado que el embajador de Uruguay en Lima, Carlos Alejandro Barros, comunicó hoy que García ingresó el sábado por la noche en su residencia y que solicitó asilo a dicho país.

García es investigado por el fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez por recibir presuntamente un pago de Odebrecht de 100.000 dólares para pronunciar una conferencia en Brasil a través de un intermediario.

La Fiscalía peruana solicitó el pasado jueves esta medida de restricción contra García, presidente entre los años 1985-1990 y 2006-2011, en el marco de las investigaciones que se siguen contra él por presuntamente haber favorecido a la empresa Odebrecht en la licitación del Metro 1 de Lima.

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, valoró el sábado que existían "suficientes elementos de convicción" para declarar fundada la medida.

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