Una ceremonia maya recuerda la masacre en la embajada de España en Guatemala

Familiares de las 37 víctimas de la matanza en la embajada de España en Guatemala recordaron hoy con una ceremonia maya a sus parientes, que murieron calcinados en la misión diplomática hace 36 años.

Los parientes de los fallecidos, en su mayoría campesinos, levantaron un improvisado altar frente al lugar donde funcionaba y operaba la Embajada española el 31 de enero de 1980, cuando se produjo la masacre.

La ceremonia, consistente en una ofrenda floral, estuvo organizada por diversos colectivos, entre ellos la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT), organismo que dirige la nobel de la Paz en 1992, la dirigente indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, o la estatal Universidad de San Carlos (Usac).

Además de los familiares, participaron en el acto miembros del Comité de Unidad Campesina (CUC), al que pertenecían la mayoría de víctimas de la matanza, entre ellos el padre de la activista indígena, Vicente Menchú.

Antes, el pequeño grupo acudió a la Usac, en el sur de la capital, donde también rindieron un homenaje al estudiante Gregorio Yujá Xoná, uno de los 37 fallecidos.

El joven sobrevivió al incendio de la embajada junto al entonces embajador español Máximo Cajal, pero fue asesinado dos días después.

Entre las víctimas mortales de la masacre figuraron el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Cáceres Lehnhoff y el excanciller Adolfo Molina Orantes, quienes se encontraban de visita en la sección consular.

También el cónsul español Jaime Ruíz del Árbol y otros dos españoles, Luis Felipe Sanz y María Teresa Villa, fallecieron ese día.

El 19 de enero de 2015, un Tribunal guatemalteco condenó a 90 años de prisión al exjefe de un comando de la extinta Policía Nacional (PN) Pedro García por hallarlo culpable de la masacre.

Durante el juicio, el Ministerio Público (MP-Fiscalía) demostró que García ordenó que ninguna de las personas que estaban en el interior de la embajada saliera con vida.

Tras conocerse la sentencia, el Gobierno español apoyó que se hubiera impartido justicia y consideró que el fallo unánime del Tribunal contribuía a dignificar la memoria de las víctimas y de sus familiares.

La legación diplomática española fue ocupada por un grupo de campesinos y estudiantes universitarios para denunciar la represión militar en el departamento noroccidental de Quiché.

.