Ultimátum a España para liberalizar el sector de los estibadores

Harta de esperar, la Comisión Europea anunció este jueves su decisión de volver a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que ejecute la sentencia de diciembre de 2014 que declaraba ilegal el sistema de contratación de los estibadores -profesionales encargados de la carga y descarga de los buques- que aún impera en los Puertos del Estado. Se trata de un modelo blindado que evita la libre contratación, algo que se opone de lleno a la normativa comunitaria. La solución es sencilla: liberalizar el sector, acabar con los «privilegios» actuales.

El problema es que España sigue cerrada por elecciones y el Gobierno que lidera Mariano Rajoy no va a poder impulsar las medidas solicitadas por una sencilla razón: no puede. La legislación le ata de pies y manos, de ahí que la posibilidad de que el país sufra una sanción por desoír al Tribunal gana muchos enteros. Se podrá esgrimir que se está en funciones, pero defender que no se ha hecho nada desde finales de 2014 tiene difícil defensa. No obstante, la patata caliente quedará para el próximo Ejecutivo puesto que el TJUE suele dar entre 12 y 18 meses en este tipo de procedimientos.

«La Comisión invita a España a efectuar lo antes posible las reformas necesarias para cumplir esta sentencia. De lo contrario, el Tribunal de Justicia podría decidir imponer sanciones financieras a España», recalcó la institución en un comunicado.

A preguntas de los corresponsales españoles, el portavoz comunitario Jakub Adamowicz, dijo que «las sociedades de servicios de mercancía tienen que ser libres de poder contratar a las personas que elijan y no estar sujetos a la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP)». Eludió referirse a la situación de interinidad del país, pero sí remarcó que «esto tiene que hacerse rápido y decididamente». «El mensaje es claro: hay una ventana de oportunidad para arreglar la situación y poner la legislación española en línea con la europea», zanjó.

Blindaje de los trabajadores

Como recordó la sentencia de 2014, la legislación española dispone que en los puertos de interés general deben crearse las sociedades privadas denominadas SAGEP que son las que contratan a los estibadores y los ponen a disposición de las firmas de manutención de carga. Además, obliga a todas las empresas que deseen prestar servicios de manutención de carga a unirse a una SAGEP y a participar financieramente en su capital. Y claro, en la Europa de los 28 y la libre competencia esto tiene difícil encaje. De hecho, uno de los argumentos de Bruselas es que se limitaba la contratación de trabajadores procedentes de otros Estados miembros.

España, por su parte, esgrimió en su defensa que este servicio portuario «está sujeto a obligaciones de servicio público cuyo objeto es garantizar la regularidad, continuidad y calidad del servicio». El Tribunal de la UE no le dio la razón. Ahora, llega la hora de las sanciones.