UE y Canadá presentan en Davos proyecto de corte internacional de inversiones

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, y el ministro canadiense de Comercio Internacional, François-Philippe Champagne, presentaron hoy su proyecto para la creación de un tribunal multilateral de arbitraje permanente que resuelva las disputas entre Estados e inversores.

Lo presentaron su iniciativa en un encuentro a nivel ministerial, aprovechando la presencia de múltiples líderes del mundo de la política y de la economía y la celebración de la tradicional reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos.

El director general de la OMC, Roberto Azevedo, que asistió dijo que se trata de un proyecto "nuevo y complejo" sobre el que todos los presentes se mostraron muy interesados en entender los detalles.

Ha sido la primera ocasión en la que los ministros del mundo "entero" han podido abordar el proyecto de la Comisión Europea (CE) y del Gobierno canadiense, según el Ejecutivo comunitario.

Ya previamente, enviados de Canadá y de la CE presentaron la iniciativa en la sede de la OMC en Ginebra, para iniciar un primer debate técnico sobre la creación de un tribunal multilateral de arbitraje permanente para las disputas entre Estados e inversores.

El sistema está inspirado en el mecanismo que la Unión Europea (UE) y Canadá contemplan en su reciente acuerdo de libre comercio, conocido como CETA, y también en el que la UE firmó previamente con Vietnam, además de formar parte de las negociaciones que la UE mantiene en materia de inversiones con Japón o China.

Si prospera, y no sería en menos de cinco años según los cálculos más optimistas de Bruselas entre el período de negociación y el de ratificación, se aplicaría a los más de 3.000 acuerdos comerciales suscritos por la UE y serviría de modelo para el futuro de ese tipo de pactos.

El proyecto no refleja palabra por palabra el mecanismo retenido en el CETA para resolver los conflictos entre inversores y Estados, pero sí mantiene los principios centrales del mismo.

El sistema -impulsado por Alemania, Francia y Holanda y apoyado entre otros por España- contempla la creación de una "corte permanente" con un "sistema de apelación" y jueces dedicados en exclusividad al tribunal, para evitar conflictos de intereses.

Un esquema similar que tanta desconfianza generó en torno al CETA y que, tras una consulta pública en 2014, obligó a modificarlo para añadir más transparencia a una corte que, inicialmente, no preveía apelaciones y permitía que las partes -incluidas las multinacionales- eligieran a los árbitros.

Aún así, este modelo revisado de arbitraje ha suscitado desconfianza entre quienes entienden que sirve para privatizar la justicia, hasta el punto de que la región belga de Valonia casi bloqueó el CETA por esa cuestión.

Finalmente, Bélgica se reservó el derecho de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la compatibilidad entre los tratados comunitarios y los arbitrajes del denominado sistema de tribunal de inversiones (ICS), formado por inversores y Estados.

De prosperar, el mecanismo multilateral probablemente se dotaría de una estructura propia y no estaría agregado a otra institución tipo la OMC o similares, pues suelen requerir la unanimidad de sus miembros para ese tipo de decisiones.

El sistema, argumentan, aceleraría los plazos en la resolución de las disputas (unos seis años de media) y ahorraría dinero a las partes y el coste de su estructura permanente debería oscilar entre 7 y 10 millones de dólares al año, apuntan.