UCE aboga por devolución de gastos hipotecarios que afectan a 80.000 familias

La Unión de Consumidores de Asturias dará prioridad en este año a la campaña devolución de los gastos hipotecarios (notario, registro, tasación, gestoría, comisión de apertura e intereses desde su pago), de 2.500 a 3.500 euros de coste que afectan a más de 80.000 familias en Asturias.

El presidente de la UCE en Asturias, Dacio Alonso, ha resaltado esta campaña dentro de los retos que se plantea su organización para este año en la rueda de prensa que ha ofrecido hoy para hacer un balance de las actuaciones emprendidas a lo largo de 2018.

La UCE también organizará campañas contra el interés de usura en las tarjetas de crédito, la nulidad de los contratos y devolución de las inversiones en acciones del Banco Popular-Santander y la presentación de demandas judiciales contra operadoras de telefonía por incluir sin justificación en registros de morosos.

Pondrá en marcha una campaña por la devolución de comisiones ilegales de las entidades bancarias, desde los últimos 15 años, y denuncias por cambiar la modalidad de contrato sin conocimiento y consentimiento expreso del usuario eléctrico, pasando del mercado regulado al mercado libre de la compañía.

Asimismo, organizará campañas para reducir el precio de la tarifa eléctrica, contra los números abusivos e ilegales del 902 y para prohibir las ventas a domicilio y proteger a los mayores, además de un boicot contra las gasolineras en régimen de auto-servicio.

Alonso ha destacado que la "mala fe y temeridad con la que actúan las entidades bancarias, el deprecio de las eléctricas por los derechos de los clientes y la pasividad de la administración son los mayores problemas con los que se han enfrentado los consumidores asturianos en 2018".

Entre los logros de la UCE, ha resaltado que consiguieron 450 sentencias judiciales firmes, cláusula suelo, con condena por temeridad y mala fe y otras 120 sentencias por tarjetas de crédito por interés de usura.

"Conseguimos la primera sentencia de Audiencia Provincial en España, anulando los contratos de compra de acciones del Banco Popular en la ampliación de capital del 2016 por falsear las cuentas", ha subrayado.

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