Santander se une a la movilización para pedir que la UE no apruebe el CETA
Una manifestación, convocada por la plataforma Cantabria por lo Público y sin Recortes, ha recorrido este mediodía las calles del[…]
Una manifestación, convocada por la plataforma Cantabria por lo Público y sin Recortes, ha recorrido este mediodía las calles del centro de Santander en protesta por el tratado de libre comercio con Canadá, el CETA, que será aprobado de forma provisional por el Parlamento Europeo la próxima semana.
La marcha ha partido pasadas las 12.00 horas del Ayuntamiento para finalizar en la Plaza de Pombo, dentro de un calendario europeo de movilizaciones ciudadanas contra el CETA y los otros dos tratados de libre comercio, TTIP y TISA.
Según Sergio de Tamayo, de Interpueblos, con estos tratados se produce una desregulación a nivel laboral, sanitario y medioambiental y el objetivo de las movilizaciones es pelear para que el CETA no se apruebe en el Parlamento Europeo.
Aunque la suma de los votos de los populares, socialistas y liberales europeos, favorables al tratado, hacen previsible la aprobación del CETA, luego debe ser aprobado por todos los estados miembros y si uno de ellos está en contra, no saldrá adelante, ha explicado al comienzo de la marcha.
En el caso de España, cree que eso dependerá "de la presión que haya para que se rechace" y ahora que el PP esta en minoría, la esperanza es "convencer" al PSOE para que exista esa posibilidad.
No obstante ha recordado lo ocurrido con el parlamento de Valonia, una de las tres regiones de Bélgica, que lo rechazó, y que con su veto habría obstaculizado su aprobación.
"Las multinacionales tienen muchos intereses y volverán a forzar como forzaron en Valonia cuando en principio se opusieron y después les convencieron para que lo apoyaran", ha señalado.
Según la plataforma, la aprobación del CETA supondría la pérdida de unos 100.000 empleos en Canadá y la UE, el aumento de desigualdad y del coste de algunos productos como los alimentos o medicamentos, y la disminución del derecho a la protección de datos de los ciudadanos, entre otras consecuencias.
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