Recurren dictamen que propone cancelar adjudicación obras a Sacyr en Paraguay

El Ministerio paraguayo de Obras Públicas y Comunicaciones y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) recurrieron la recomendación de la Contraloría General de cancelar la adjudicación de las obras del aeropuerto de Asunción, a las que se presentó la española Sacyr.Ambos organismos, que promovieron la acción judicial ante el Tribunal de Cuentas, indicaron que hubo "una clara extralimitación de funciones de parte del organismo contralor en cuanto a sus competencias", según explicó la nota remitida hoy por el ministerio.El ministerio y la Dinac subrayaron que sus acciones en el proceso de licitación se realizaron con "regularidad y transparencia" y que la Contraloría General violó el principio de legalidad al "emitir recomendaciones sobre aspectos de alta especialidad técnica". Los dos entes concluyeron que la actuación de la Contraloría General debe enmarcarse en "las actividades económicas y financieras del Estado", y agregaron que existen fundamentos para sostener que los actos administrativo emitidos por el organismo de control en ese caso son nulos.A mediados de abril, la Contraloría recomendó cancelar el proceso de adjudicación de las obras para la mejora del aeropuerto internacional de Asunción con el argumento de que la convocatoria de la licitación no incluía una precalificación de los trabajos.Con anterioridad, en enero, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones había otorgado la mejor puntuación en el apartado técnico de ese proceso a Sacyr, que se presentó en consorcio con la chilena Agunsa, y bajo la fórmula de Alianza Público Privada.Sin embargo, días después el ministerio anunció la cancelación temporal del proceso de adjudicación, bajo la fórmula del sistema de Alianza Público-Privada, hasta que la Contraloría emitiera un informe tras la denuncia presentada por varios diputados por supuestas irregularidades en el proceso.La denuncia de los legisladores alegaba que Sacyr no estaba autorizada a presentarse a la licitación al tener un contrato rescindido en España y una multa de 7 millones de euros.