Podemos exige un nuevo decreto de Vivienda y no cambios a través de enmiendas

Podemos ha vuelto a exigir este jueves un nuevo real decreto de vivienda que cumpla con los puntos pactados con el Gobierno en el acuerdo de Presupuestos y avisa de que no aceptará convalidar el martes el actual decreto como proyecto de Ley, es decir a través de enmiendas.

La diputada de En Comú Podem Lucía Martín ha señalado a EFE que el grupo parlamentario de Unidos Podemos no aceptará que el Gobierno quiera introducir cambios a través de enmiendas en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 o bien con la tramitación de esta norma como un proyecto de Ley.

"Todos sabemos que las iniciativas pueden prolongarse en el tiempo con la ampliación de plazos de presentación de enmiendas si lo piden el PP y Ciudadanos y en este caso estos partidos le podrían hacer el trabajo sucio al Gobierno", ha señalado.

Martín ha exigido la retirada del Real Decreto Ley de medidas urgentes sobre la Vivienda que será debatido y votado el próximo martes en el Pleno del Congreso y ha advertido de que hay margen para que el Ejecutivo apruebe este viernes un nuevo decreto que incluya la regulación de los precios de los alquileres en las ciudades o la definición de vivienda vacía para que los ayuntamientos puedan subir el IBI.

Sin embargo, fuentes del ministerio de Fomento han señalado a EFE que la norma ha pasado al ámbito parlamentario toda vez que ya ha sido publicada en el BOE y que no es competencia ministerial retirarla.

De hecho recuerdan que el pacto presupuestario con Podemos incide en que las medidas acordadas en vivienda pueden implementarse a lo largo de 2019 y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también señaló esta semana que durante el trámite parlamentario de los Presupuestos se podrían introducirse enmiendas en este sentido.

Martín afirma que el real decreto que se intenta convalidar es "antagónico" con el documento firmado entre Podemos y el Gobierno ya que incluye un preaviso de 30 días para finalizar un contrato frente a los seis meses que estipula el acuerdo.

La nueva norma amplía el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda de 3 a 5 años (o 7 años si el arrendador es persona jurídica) y fija en dos mensualidades de renta la cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza que pueden exigirse al arrendatario, salvo que se trate de contratos de larga duración.

Para Unidos Podemos no aborda las necesidades del mercado del alquiler y sólo pone "medidas cebo" para conseguir los votos de otros partidos, como PP y Ciudadanos.

La diputada de En Comú advierte de que sería "inaudito" que el PSOE buscara los apoyos de la derecha para sacar adelante este decreto.

El Ejecutivo está en el límite para poder convalidarlo una vez aprobado el 14 de diciembre por el Consejo de Ministros.EFECOM

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