Número deudores concursados subió 13,1% en Castilla y León segundo semestre

La variación anual del número de deudores concursados se calculó en una aumento del 13,1 por ciento en Castilla y León, según los datos provisionales de la Estadística del Procedimiento Concursal, correspondiente al segundo semestre de 2017 y publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística.

En este mismo apartado, La Rioja fue la Comunidad que presentó la mayor bajada, del 55,6 pro ciento, mientras que Canarias registró el mayor aumento, 48,1 por ciento.

En Castilla y León se contabilizaron en total 69 deudores concursados en el mismo periodo, de los que 59 fueron de carácter voluntario y diez necesarios.

Del total de deudores concursados, diez siguieron el procedimiento ordinario y 59 abreviado en la Comunidad castellanoleonesa.

Al analizar las empresas concursadas por actividad económica en Castilla y León, cuatro correspondieron al apartado de Agricultura y Pesca; una a bienes de consumo duradero y tres no duradero; ocho al ámbito de la construcción, doce a comercio al por mayor y una al por menor y vehículos.

El transporte y almacenamiento acapararon tres empresas concursadas, el mismo número que la hostelería, mientras que en el apartado de inmobiliarias, financieras y seguros se vio afectada una empresa, en actividades profesionales siete, en actividades administrativas y servicios auxiliares cinco, en el resto de servicios cuatro y en materias sin clasificar otras cuatro.

En general, en España, El número de empresas que se declararon en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) en el segundo trimestre de 2017 fue de 1.189, un 5,5 % más que en el mismo periodo del año anterior.

A tenor de los datos recogidos por la Estadística de Procedimiento Concursal, el número total de deudores (incluidas personas físicas) ascendió a 1.457, un 4,3 % más que en el periodo comprendido entre abril y junio de 2016.

Del total de concursos, 1.359 fueron voluntarios (un 4,8 % más que en el segundo trimestre del 2016), y 98 necesarios (un 2 % menos), mientras que por clase de procedimiento, los ordinarios aumentaron el 8,2 %, y los abreviados, el 3,7 %.

Al margen de las empresas concursadas, que constituyen un 81,6 % del total de deudores, la estadística muestra que otras 268 personas físicas sin actividad empresarial, el 18,4 % restante, también optaron por esta vía.

En cuanto a la forma jurídica, un 79,9 % de las compañías eran sociedades de responsabilidad limitada; y del total, el 34,2 % se situaban en el tramo más bajo del volumen de actividad (menos de 250.000 euros).

Respecto a la actividad que desarrollaban, el 22,1 % pertenecía al comercio, el 16,4 % a la construcción y el 14,4 % al resto de servicios.

En cuanto al número de asalariados, el 57,3 % de las empresas en concurso contaba con menos de seis empleados, y entre éstas, el 30,5 % no tenía ninguno.

El INE, que también desglosa sus datos en función de la antigüedad de las compañías, concluye que el 22 % había sido constituida hacía 20 años o más, mientras que el 20,1 % tenía menos de cuatro; de estas últimas, el 25,1 % se dedicaba al comercio como principal actividad.

Por su parte, las empresas de mayor trayectoria pertenecían en su mayoría, un 56,5 %, al sector de la industria y la energía así como al comercio.

El reparto geográfico destaca tanto a Cataluña como a la Comunidad de Madrid, que concentraron en el segundo semestre el 41,3 % de los deudores concursados en España, mientras que fue en La Rioja donde se produjo la mayor bajada en términos de variación anual tras caer un 55,6 %; por el contrario, Canarias experimentó el repunte más notable, del 48,1 %.

Tras Cataluña (335) y Madrid (267) se encuentran, por orden, Valencia (175) y Andalucía (146).

Por debajo del umbral de los cien procedimientos, País Vasco (89); Galicia y Castilla y León (69 en ambos casos); Aragón (56); Castilla-La Mancha (54); Canarias (40); Murcia (37); Baleares (31); Asturias (30); Extremadura (19); Cantabria y Navarra (17); y La Rioja (4).

Todos se han producido al amparo de la Ley Concursal, aprobada de forma definitiva en mayo de 2015, y que persigue que las empresas que acuden a estos procedimientos y son viables puedan seguir operando, al tiempo que permite a los acreedores cobrar parte de su deuda.

Dicha ley extiende los efectos del convenio general a los acreedores disidentes o que no se hayan sumado a este, incluidos los públicos, siempre que se superen unos determinados porcentajes de adhesión.

.