Las pymes de Burgos destinan 140 millones anuales a cargas administrativas

Las pequeñas y medianas empresas de Burgos destinan anualmente el equivalente a 140 millones de euros a gestión de cargas administrativas, lo que puede llegar a suponer de manera individual hasta un tercio de su facturación en función del tamaño y número de empleados contratados.

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) y Cajaviva Caja Rural Burgos han presentado hoy los resultados de un análisis sobre cargas administrativas en las pymes burgalesas.

El informe es una "mera aproximación" a los costes empresariales que genera la "hipertrofia administrativa", el exceso de regulación, ha explicado el director de Cajaviva Caja Rural, Ramón Sobremonte.

Las pymes se enfrentan a un ordenamiento jurídico "inabarcable e inasumible", en el que se mezclan normativas europeas, nacionales, regionales, provinciales y locales, que cambian con gran rapidez.

El estudio ha calculado las horas que las empresas dedican a la gestión de esa maraña legislativa y a trámites burocráticos y, de ahí, ha extraído su conversión en dinero.

De este modo, se calcula que las cargas administrativas suponen a las pequeñas y medianas empresas de Burgos alrededor de 140 millones de euros anuales, tirando por lo bajo.

Para un autónomo se estaría hablando de una media de 1.600 euros, mientras que si la pyme tiene entre 1 y 10 trabajadores la cifra ascendería a los 8.000 euros.

Y serían 40.000 en empresas con hasta 50 empleados, o 100.000 si hablamos de firmas con entre 50 y 200, ha explicado el presidente de FAE, Miguel Ángel Benavente.

Unas cifras que se traducen en porcentajes de facturación, de tal modo que la gestión administrativa representa entre un 1 por ciento y un 1,30 por ciento en la facturación de pymes pequeñas.

Sin embargo, Benavente ha destacado que en las empresas medianas estas cargas pueden alcanzar un tercio de la facturación anual.

Cierto es que los datos varían en función del sector económico o del tipo de empresa, pero el informe muestra el elevado coste que representan los trámites burocráticos.

Además, el presidente de FAE denuncia la "inseguridad jurídica" en la que se encuentran las empresas, que temen incumplir una norma en cualquier momento a sabiendas de que es prácticamente imposible conocerlas todas, así como sus cambios recurrentes.

A ello se suma que las administraciones, sobre todo en España, no tienen en cuenta el tamaño de la empresa a la hora de regular y cada vez se carga de más tareas al administrado.

Por ese motivo, Miguel Ángel Benavente ha defendido el principio de proporcionalidad, pensar a pequeña escala, para diferenciar entre pequeñas empresas y grandes multinacionales.

El informe concluye con la necesidad de ponerse en la piel del empresario, sobre todo si es emprendedor, y reducir o simplificar las cargas administrativas, haciéndolas más sencillas y fáciles.

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