Las ejecuciones hipotecarias hasta marzo descienden un 35% en Cyl, con 223

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas fue en el primer trimestre del año en Castilla y León de 223, por las 348 del mismo periodo de 2016, según los datos remitidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone un descenso del 35% y sitúa a la comunidad en la novena del ránking.

De esas 223, 108 pertenecían a personas físicas y 115 a personas jurídicas y, en total, entre enero y marzo se registraron 653 certificaciones por ejecución hipotecaria en esta comunidad, con 19 fincas rústicas, las referidas 223 urbanas y otras 385 de naturaleza extra urbanas.

Respecto a esas certificaciones por ejecución hipotecaria iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad de viviendas según estado y titular, Castilla y León ha registrado un total de 72 registros de vivienda nueva y 151 de vivienda usada.

En el conjunto del país ha habido 17.000 certificaciones, 16.169 correspondían a fincas urbanas, un 11,1 por ciento menos, y 831 a fincas rústicas, un 28,1 por ciento menos.

En cuanto a las certificaciones por ejecución hipotecaria iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad sobre fincas rústicas y urbanas, Castilla y León está la media con las referidas 653 viviendas.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, las que muestran mayor número de ejecuciones hipotecarias son Andalucía (4.768), Valencia (2.968) y Cataluña (2.598), en tanto que Navarra (96), Cantabria (102) y La Rioja (103) registran el menor número.

Además, el INE destaca en su nota que un 55,2 por ciento de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en España sobre viviendas corresponde a hipotecas constituidas entre los años 2005 y 2008.

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentran el 53,8 por ciento del total de ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre: un 25,1 por ciento del total de las ejecuciones hipotecarias son viviendas habituales de personas físicas, un 21,3 por ciento corresponde a viviendas de personas jurídicas, y el 7,4 por ciento restante a otras viviendas.

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