La Universitat apoya la lucha contra la violencia de género en Colombia

La Universitat de València ha puesto en marcha, a través del programa de cooperación '0,7, Una Nau de Solidaritat', un proyecto en Bogotá (Colombia) con el fin de mejorar las condiciones de vida de más de un centenar de mujeres.

El proyecto, titulado "Mujeres de organizaciones populares y sus experiencias de Economía social y solidaria con perspectiva de género" se enmarca en la IV Convocatoria de Proyectos de Cooperación al Desarrollo 2014 gestionada por la Fundación General de la universidad.

Según explica la Universidad en un comunicado, las mujeres beneficiarias de este proyecto forman parte de la organización comunitaria Mesa Hunzahua, que alberga seis grupos de asociaciones de mujeres, que son discriminadas tanto por su condición de mujeres como por su oficio de carácter social y cultural.

La iniciativa es liderada por la administrativa del Servicio de Extensión Universitaria de la Universitat, Trinidad Quixal, y el miembro de la Asociación Entre Iguales Valencia, Mauricio Pinto, asociación que colabora con la ONGD de Bogotá Enda América Latina-Mesa Hunzahua.

Esta organización actúa en el distrito de Suba, donde se encuentra el barrio Ciudad Hunza, y reúne al Colectivo de Mujeres Recicladoras Loma Verde, el Grupo de Mujeres de la Huerta Comunitaria, el Jardín Infantil Ciudad Hunza, la Casa Cultural Corpohunza, el Grupo de Jóvenes de Cerro Nonceta Teatro y el Grupo de Mujeres Artesanas.

El compromiso de Mesa Hunzahua con todos estos grupos, integrados por 108 mujeres y 30 hombres es el de "impulsar la participación, responder a las necesidades y los intereses de la comunidad, reconocer la otredad, la diversidad y la equidad y otorgar un sentido de sostenibilidad a la vida comunitaria en el territorio", apunta Mauricio Pinto.

Es en este ámbito donde el proyecto de la Universitat de València ha iniciado una serie de acciones que se pueden agrupar en dos fases, una de fortalecimiento de las capacidades en las mujeres y otra de trabajo en el terreno.

A través de la economía social y solidaria se pretende mejorar la calidad de vida de las mujeres de los barrios populares, impulsando las actividades de reciclaje, la huerta comunitaria, el jardín infantil, la producción artesanal y otras tantas actividades que gestionan ellas mismas y que necesitan optimizar y rentabilizar.

Esta economía social tiene que desarrollarse desde una perspectiva de género por el reconocimiento de tratarse de mujeres "estigmatizadas y discriminadas por las autoridades y la sociedad", continúa Pinto.

De hecho, estas mujeres viven en situación de extrema pobreza y en condiciones de hacinamiento en asentamientos muy precarios, donde cohabitan la familia nuclear y la familia extendida, expuestas en muchas ocasiones a casos de abusos sexuales y violaciones.

Estas mujeres se enfrentan a una violencia de la pareja física, psicológica y sexual, una violencia que ellas mismas consideran "natural".

A la vez, "el miedo produce un silencio contundente: las mujeres no se reconocen públicamente como víctimas y reproductoras de violencia, y no existen estadísticas sobre violencia en la población en general y menos todavía contra mujeres y niñas", apunta Mauricio Pinto.

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