La UE adopta nueva directiva para prevenir elusión fiscal de grandes empresas

El Consejo de la Unión Europea (UE) adoptó hoy una nueva directiva para impedir que las grandes empresas "abusen" de las diferencias fiscales con terceros países a fin de eludir impuestos.

La UE da así "un paso más" en su lucha contra la elusión fiscal de empresas que aprovechan las disparidades existentes entre "dos o más jurisdicciones fiscales" con objeto de "reducir su responsabilidad" en el pago de impuestos, informó el Consejo Europeo en un comunicado.

El ministro de Finanzas de Malta, Edward Scicluna, cuyo país ejerce este semestre la presidencia de turno de la UE, afirmó que el objetivo de esta medida es "afrontar una de las prácticas principales que las compañías multinacionales han ideado para reducir sus facturas de impuestos".

"La directiva se incorpora a las normas que adoptamos el año pasado con el fin de enfrentarnos a las formas más comunes de elusión de impuestos y también asegurará la implementación de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)", agregó Scicluna.

Según el texto, los estados miembros tendrán hasta el 1 de enero de 2020 para transponer la directiva en leyes y regulaciones nacionales.

Esta nueva normativa comunitaria, que fue adoptada sin necesidad de debate en una reunión del Consejo de Competitividad, sigue a los acuerdos cerrados por los ministros de Economía y Finanzas de la UE el pasado 21 de febrero.

En dicha reunión, los titulares de Economía y Finanzas de los estados miembros llegaron a un acuerdo para elaborar medidas contra la elusión fiscal, así como criterios para definir los "paraísos fiscales", tras escándalos como los "papeles de Panamá".

Por su parte, el Parlamento Europeo (PE) aprobó el pasado 27 de abril la normativa para atajar estas prácticas, conocidas como "desajustes híbridos", con 591 votos a favor, 36 en contra y 12 abstenciones.

Según la Comisión Europea (CE), se estima que la elusión del impuesto de sociedades supone para los países de la UE una pérdida de ingresos comprendida entre 50.000 y 70.000 millones de euros al año.