La patronal de la construcción de Pontevedra, en concurso de acreedores

La Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Pontevedra (APEC) ha solicitado el concurso voluntario de acreedores, que ha admitido el Juzgado de lo Mercantil 3, con sede en Vigo, con una deuda que asciende a 500.000 euros y un listado de bienes y derechos superior al millón.

APEC explica en un comunicado que no ha solicitado la liquidación de su patrimonio, sino que solicita el concurso "para mantener viva su actividad".

La asociación esgrime que ha llegado un punto en el que no podía afrontar "pagos esenciales", como nóminas o el IVA, Seguridad Social ni a Hacienda.

La patronal pontevedresa de la construcción, que puso a la venta su sede en el casco viejo de Vigo, ha aplicado cinco expedientes consecutivos de regulación de empleo, el último de los cuales continúa en vigor, e implica la suspensión de un contrato laboral y la reducción en un 50% en la jornada de los cuatro restantes.

Incide en su comunicado en que ha llegado a esta situación empujada por la situación coyuntural económica, "lastrada, sobre todo, por la carga hipotecaria, cuya liberación generaría la liquidez suficiente para permitir el normal funcionamiento de la organización los próximos años".

Fundada hace 39 años, APEC ha sufrido en los últimos años "los coletazos de la crisis" en el sector, "consecuencia directa de la fuerte caída" de empresas asociadas, así como de las acciones formativas y proyectos subvencionados, "reducidos al mínimo" tras "sucesivos recortes" en los presupuestos de las administraciones.

Incide en que "una parte sustancial" del presupuesto de APEC se nutría de este tipo de fondos, que ahora son "prácticamente inexistentes".

Explica que antes de llegar a solicitar el concurso de acreedores intentó solucionar su "principal problema", un crédito hipotecario con Abanca, a través de negociaciones extrajudiciales, sin que fuese posible llegar a acuerdo alguno.

APEC se aferra a las "previsiones positivas" que dibuja Euroconstruct, lo que unido a la desinversión de su patrimonio inmobiliario, más bienes y derechos, que se estima en más de un millón de euros, le hace confiar en superar el concurso manteniendo la actividad y conservando los puestos de trabajo.

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