La fiscal general de Venezuela vive los embates del despecho

El divorcio entre la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y el Gobierno de Nicolás Maduro, en uno de sus momentos más críticos, ha abierto una herida dolorosa en el chavismo, que intenta hacer todo lo posible para borrar hasta el recuerdo de una relación que parecía marchar viento en popa.

Hace poco más de dos años que Ortega Díaz juraba ante Diosdado Cabello, entonces presidente del Parlamento, como fiscal general para un segundo periodo entre los aplausos en pie de la Cámara, controlada por el chavismo, y los brazos cruzados de los opositores.

Ortega Díaz es la misma fiscal general que llevó los casos de responsabilidad penal en contra de centenares de opositores durante las protestas antigubernamentales de 2014, entre ellos el que condujo al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, a una condena de casi 14 años de prisión.

Entonces todo parecía bien en el orden de cosas chavista.

Sin embargo, el pasado 31 de marzo la fiscal sorprendió al país con un pronunciamiento sin precedentes: la decisión del Tribunal Supremo de asumir las funciones del Parlamento mientras este mantuviera el desacato a las decisiones de la máxima corte fue considerada por la titular del Ministerio Público como una ruptura del orden constitucional.

Maduro convocó a los poderes públicos en un Consejo de Defensa de la Nación para solucionar lo que entonces era apenas, según el mandatario, un "impasse" entre los poderes del país y la medida fue revertida.

La abogada, de 59 años y con una larga carrera dentro de la administración pública, volvió a sorprender al país un par de meses después al desmontar la tesis gubernamental de que uno de los 67 muertos había sido asesinado por sus compañeros de protesta, tras revelar que el fallecimiento se produjo a causa de una bomba lacrimógena usada por la Guardia Nacional.

Su aseveración y el señalamiento de al menos diecinueve funcionarios en varias de las 67 muertes en las protestas dejaron en la calle a altos funcionarios del Gobierno que han defendido la actuación de los cuerpos de seguridad en la contención de las movilizaciones.

Su posición se mostró sin retorno cuando además se opuso firmemente a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente hecha por Maduro para cambiar el ordenamiento jurídico del país y emprendió una acción legal para declarar su nulidad.

No pasó mucho tiempo para que el poderoso Diosdado Cabello pidiera "perdón" por aquella decisión que la convertía en fiscal hasta 2021 y calificase a la funcionaria de "indigna".

El diputado Pedro Carreño, jefe de la facción oficialista que levantó la mano en señal de aprobación cuando aún no se había terminado de pronunciar el nombre completo de Luisa Marvelina Ortega Díaz, asegura ahora que la jurista sufre de "insania mental", y adelantó que pedirá una junta médica al Supremo para evaluar qué tipo de trastorno padece.

La máxima corte, por su parte, ha decidido ventilar ahora el caso del uso de un avión privado en poder de la Fiscalía en calidad de "aseguramiento", que no había sido devuelto pese a que en 2015 se había ordenado que fuera restituido a sus dueños.

El Supremo admite ahora una demanda de los propietarios y pide un registro completo de los vuelos de la aeronave que supuestamente ha sido usada por Ortega Díaz y su marido, Germán Ferrer, un antiguo diputado chavista que ha respaldado abiertamente a la fiscal en este camino.

Los dos instrumentos interpuestos por la fiscal contra la Constituyente, el primero pidiendo una "aclaratoria" y el segundo reclamando que se declare la nulidad de la convocatoria, fueron considerados improcedentes uno tras otro.

Sin marcha atrás, la titular de la institución con el monopolio de la acción penal presentó ayer una demanda de nulidad contra la designación de 33 magistrados del Supremo, varios de ellos partícipes en las decisiones en su contra, todos designados por la misma Cámara chavista en la que ella fue elegida.

Gestos más discretos, y más antiguos, hablaban del distanciamiento con el Ejecutivo cuando en 2016 fue excluida de la elección del Consejo Moral Republicano, el cuerpo que agrupa a las instituciones del Poder Ciudadano -Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo- pese a que le correspondía por derecho.

El portal chavista Aporrea.org, aseguraba entonces que esa decisión obedecía a la dudosa posición política de la funcionaria.

El esposo de la fiscal tampoco se ha librado de las descargas. Hace menos de una semana la ministra de Servicios Penitenciarios, la chavista Iris Valera, reveló una supuesta relación de Ferrer con el caso de los papeles de Panamá, un señalamiento del que el oficialismo no había hablado hasta ahora.

Y hasta el vicepresidente venezolano, Tareck el Aissami, ha puesto fecha a la salida de la fiscal, en 48 días, una vez que la Asamblea Constituyente sea electa y tenga la facultad de dictar decisiones por encima de cualquier otro poder del Estado.

El vicepresidente reveló, además, una tesis que maneja el Gobierno de Maduro para explicarse los movimientos de la fiscal y que atribuye a Ortega Díaz la pretensión de erigirse en líder de una eventual transición.

Sus comparecencias públicas ya no se retransmiten por la televisión estatal, que, por el contrario, dedica amplio espacio a opiniones que denostan el papel de Ortega en la crisis venezolana.

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