Honduras precisa reformas para frenar persecución de activistas, dice informe

Honduras es uno de los países más peligrosos para los defensores de los derechos humanos y seguirá así mientras el Estado no atienda las causas de ello e invierta, de verdad, en la protección de los activistas, alerta el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OBS).

Según el informe de una misión internacional del OBS presentado hoy en Panamá en el 159° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado hondureño no solo ha hecho poco por proteger a estas personas o resolver sus crímenes, sino que ha empeñado el derecho penal para que avancen procesos contra los defensores, quienes terminan desprestigiados.

En los últimos 15 años han sido asesinados en Honduras 17 activistas beneficiarios de medidas cautelares del organismo interamericano.

El documento del observatorio, un programa de la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos, advierte de que los más vulnerables a los ataques son los defensores de la tierra y el medioambiente y los de los derechos de la diversidad sexual.

Desde 2009 hasta julio pasado, la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) registró 224 muertes violentas de dirigentes, de las que solo 33 han sido judicializadas.

El observatorio advierte de un discurso de discriminación y agresión contra esta población que llega a toda la sociedad y que se refleja, con especial preocupación, en el Estado y el sistema judicial.

Por otro lado, Honduras ocupa el primer lugar en el índice mundial de asesinatos de defensores medioambientales y de la tierra, con 111 víctimas de 2002 a 2014, según la organización Global Witness.

A éstos se suman otros 16 crímenes desde 2015, algunos de los cuales impactaron especialmente a la comunidad internacional, el de Berta Cáceres (marzo de 2016), reconocida ambientalista y quien se oponía al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, y el de José Ángel Flores y Silmer Dionisio George (octubre de 2016), defensores de la tierra en el Bajo Aguán.

El OBS atribuye esta conflictividad a que el Estado hondureño incumple el derecho a la consulta previa, lo que contribuye a "exacerbar" las pugnas en las comunidades afectadas por los proyectos extractivos, hidroeléctricos o turísticos.

En la mayoría de los casos las empresas y el Estado responden a las tensiones con los defensores del derecho a la tierra "con métodos poco escrupulosos y algunas veces criminales".

El informe recomienda que el Estado vaya a la raíz del problema y desarrolle una legislación y una política pública que refuerce los derechos humanos relacionados con la tierra, así como que diseñe normas y políticas de inclusión para los LGTBI y que persiga penalmente los discursos de odio contra esta población.

De hecho, según lo recabado por el OBS, el 99 % de los beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH cree que no está garantizada su seguridad porque el Estado hondureño, que debe protegerlos, no toma acciones pertinentes y en muchos casos aprovecha para vigilarlos más de cerca.

A esto se suma el uso de la Justicia para perjudicar a los defensores, con una celeridad que contrasta con la lentitud para resolver los crímenes.

De acuerdo con la CIDH, de 2010 a 2015 se habrían producido 3.064 criminalizaciones para amedrentar a los defensores a través del uso indebido del derecho penal.

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