Gran jurado de EEUU acusa a inversor español de información privilegiada

Un gran jurado de Chicago (EEUU) decidió procesar a un inversor español por obstrucción a la justicia y mentir durante una investigación realizada a negocios que habría realizado con información privilegiada, informó hoy la fiscalía federal del Distrito Norte de Illinois.

Las autoridades señalan que Luis Martín Caro Sánchez, de 42 años, se encuentra en Madrid, por lo que la Fiscalía buscará su extradición a Chicago, según un comunicado.

La investigación corresponde a hechos ocurridos en agosto de 2010, en los que el acusado habría formado parte de un esquema que le permitió, junto a varios amigos españoles, obtener ganancias por 4,6 millones de dólares.

Caro Sánchez, que es identificado como director de una empresa familiar en España, inversor en bienes raíces y valores financieros, habría obtenido información privilegiada sobre planes de la productora canadiense de fertilizantes Potash Corporation.

Esa información le permitió comprar opciones de la empresa en las bolsas de Nueva York, Chicago y Toronto (Canadá) días antes de que se anunciara públicamente una oferta de adquisición que aumentó el precio de las acciones en un 27,7 %.

Según los documentos judiciales, Caro Sánchez ganó en cinco días 496.953 dólares, dos de sus amigos obtuvieron 993.183 dólares y un empresario español radicado en Grecia se lucró con 3,1 millones de dólares después de recibir la información de parte de un allegado del inversionista.

La acusación solamente identifica a los amigos españoles de Caro Sánchez como el director ejecutivo de bienes raíces de un banco privado; un miembro de la junta de directores de una empresa textil; un empleado de una firma de corredores de bolsa; el jefe de un banco privado de Toledo (España) y un empresario radicado en Atenas.

Durante la investigación, Caro Sánchez fue interrogado telefónicamente por agentes de la Comisión de Bolsas de Valores (SEC) y, además de mentir bajo juramento, según la acusación, habría intentado obstruir la investigación y encubrir sus actividades, delitos que le podrían significar hasta 25 años de prisión, agrega el comunicado.