Gobierno mantendrá refuerzo del control sobre Cataluña mientras haya "riesgo"

El Gobierno mantendrá el "refuerzo" del control económico y financiero sobre los presupuestos de la Generalitat catalana mientras se mantenga la "situación de riesgo" para el interés general de la comunidad, con la intención de evitar que no se destine "ni un euro" al referéndum del 1 de octubre.

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, ha detallado hoy a los periodistas en Sevilla el acuerdo adoptado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que pretende "reforzar" el control económico y financiero sobre el Presupuesto catalán para hacer cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional y "para que ni un solo euro se destine a un referéndum ilegal".

Este acuerdo, que se publica mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), complementa al de 2015 para garantizar que el Gobierno de Cataluña prestaría servicios en favor del interés general, ya que el Ejecutivo central considera que los acontecimientos que se han producido últimamente necesitaban que se aumentara el control.

El Gobierno estará "vigilante" a todas las partidas de todos los centros de gasto, con especial atención al programa 132, para evitar que se destinen fondos a la organización del referéndum, algo que condicionaría las entregas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Cataluña tendrá la obligación de remitir semanalmente un certificado de que no se han iniciado modificaciones presupuestarias ni expedientes de gasto o pagos destinados al referéndum, con lo que se implanta una periodicidad más exigente, que antes era mensual.

Los interventores de las consejerías, los responsables económico-financieros de las entidades donde no haya intervención, el director general de Presupuestos y el de Política Financiera, Seguros y Tesoro, serán quienes deban enviar ese certificado.

El primer certificado, del 17 al 23 de julio, se deberá remitir a Hacienda el 28 de julio, fecha límite también para enviar un listado de los órganos y entidades que conforman el sector público catalán, así como los nombres y máximos responsables de los mismos.

Además, el 9 de agosto se deberá remitir una certificación complementaria sobre los gastos del 1 de enero al 16 de julio.

El Ministerio de Hacienda será el encargado de verificar que se cumple esta exigencia, aunque si de la información obtenida se concluyera que se ha procedido a la financiación del referéndum "se dará traslado a las autoridades competentes de la comunidad para la exigencia de las responsabilidades disciplinarias que correspondan", ha explicado Fernández de Moya.

El ministro, Cristóbal Montoro, será el encargado de elevar las conclusiones a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para que se determinaran las medidas a adoptar.

El incumplimiento también se produciría si no se enviara la información en los plazos marcados, si no se enviara lo que se está requiriendo o si directamente no se facilita.

El secretario de Estado ha advertido de que se estudiarían las responsabilidades administrativas u otras que se deriven de lo que el Gobierno pudiera poner en conocimiento de la Fiscalía.

Ha manifestado que el Gobierno ha tenido en cuenta la "escalada" de declaraciones de los dirigentes públicos catalanes, en lo que se considera un "claro desafío" al estado de derecho.

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