Gipuzkoa adecúa su norma a las leyes internacionales contra el fraude fiscal

La Diputación foral de Gipuzkoa ha presentado un proyecto de norma foral por el procedimiento de urgencia para adecuar su normativa a los acuerdos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en materia de lucha contra el fraude fiscal, así como a directivas y sentencias de la UE.

El diputado de Hacienda, Jabier Larrañaga, ha comparecido hoy en las Juntas Generales para informar sobre el contenido de esta norma foral, en la que ha destacado la importancia del proyecto BESP -erosión de la base imponible y traslado de beneficios-, "una herramienta básica para hacer frente al fraude a escala internacional".

El traslado de beneficios es una estrategia empleada por muchas multinacionales para tributar por sus ganancias en territorios con normativa fiscal más beneficiosa para sus intereses, ha informado la institución foral en un comunicado.

La normativa de Gipuzkoa se adecúa además a la información país por país, de manera que las multinacionales estarán obligadas a informar sobre los ingresos logrados y los impuestos pagados en cada país, así como de diversos indicadores sobre la localización de su actividad.

También se modifica el régimen denominado "patent box", un incentivo fiscal a las empresas por la explotación de la propiedad intelectual o industrial.

Con la modificación introducida, este incentivo se calculará relacionando el ingreso que disfruta de beneficio fiscal con el gasto realizado para su obtención, lo que persigue que la ventaja fiscal se aplique a actividades que realmente se hayan llevado a cabo.

Las modificaciones entrarán en vigor el 1 de julio, tal y como se contempla en los acuerdos internacionales, motivo por el que la Diputación ha elegido el trámite de urgencia para aprobar la norma foral.

En el caso del "patent box", se establecerá un régimen transitorio para los procedimientos abiertos antes del 1 de julio, mientras que en lo que respecta a la información país por país, las multinacionales estarán obligadas a ofrecer datos de a partir del 1 de enero de 2016.

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