Evitar el corte de energía costará más 300 millones euros a gobiernos locales

Los servicios sociales de las administraciones territoriales tendrán que abonar más de 300 millones de euros anuales para evitar el corte del suministro eléctrico a los hogares más vulnerables, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Esta es una de las críticas de la Asociación al proyecto de Real Decreto del Ministerio de Industria, sobre el llamado Bono Social para los consumidores vulnerables de energía eléctrica.

Esta norma regulará las condiciones para obtener los descuentos y establece las situaciones en la que el suministro será considerado esencial, lo que impedirá su corte.

Los que estén en condición de "vulnerable" tendrán descuentos del 25 % en la factura; porcentaje que se elevará hasta el 40 % si se considera "vulnerabilidad severa".

Sobre el corte del suministro, la norma determina que "se evitará a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa si los servicios sociales (locales o autonómicos abonan la factura)", indica la Asociación.

Ante un impago, las eléctricas informarán a sus clientes de que acudan a los servicios sociales y, "si estos pagan el 50 % de sus facturas, no se les cortará el suministro".

Para la Asociación, esta normativa supone "un importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades, ni previsto ni pactado" y además no garantiza que todas las administraciones con servicios sociales la ejecuten, "lo que generará graves desigualdades territoriales".

Además, indican que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no han contemplado el impacto de esta medida; se han "obviado y ninguneado los sistemas de protección gestados ya en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos y supondrán una sobrecarga para los servicios sociales y sus profesionales.