Empresas en concurso de acreedores suben 22,7% en CLM en el segundo trimestre

Un total de 54 empresas y personas físicas se declararon en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) en Castilla-La Mancha en el segundo trimestre del año, lo que supone un aumento del 22,7 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

Según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada hoy, del total de concursos 51 fueron voluntarios y tres necesarios.

A su vez, 39 de los concursos de acreedores afectaron a empresas y 15 a personas físicas sin actividad empresarial.

En el total del Estado, el número de empresas que se declararon en concurso de acreedores en el segundo trimestre de 2017 fue de 1.189, un 5,5 % más que en el mismo periodo del año anterior.

El número total de deudores (incluidas personas físicas) ascendió a 1.457, un 4,3 % más que en el periodo comprendido entre abril y junio de 2016.

Del total de concursos, 1.359 fueron voluntarios (un 4,8 % más que en el segundo trimestre del 2016), y 98 necesarios (un 2 % menos), mientras que por clase de procedimiento, los ordinarios aumentaron el 8,2 %, y los abreviados, el 3,7 %.

Al margen de las empresas concursadas, que constituyen un 81,6 % del total de deudores, la estadística muestra que otras 268 personas físicas sin actividad empresarial, el 18,4 % restante, también optaron por esta vía.

El reparto geográfico destaca tanto a Cataluña como a la Comunidad de Madrid, que concentraron en el segundo semestre el 41,3 % de los deudores concursados en España, mientras que fue en La Rioja donde se produjo la mayor bajada en términos de variación anual tras caer un 55,6 %; por el contrario, Canarias experimentó el repunte más notable, del 48,1 %.

Tras Cataluña (335) y Madrid (267) se encuentran, por orden, Valencia (175) y Andalucía (146).

Por debajo del umbral de los cien procedimientos, País Vasco (89); Galicia y Castilla y León (69 en ambos casos); Aragón (56); Castilla-La Mancha (54); Canarias (40); Murcia (37); Baleares (31); Asturias (30); Extremadura (19); Cantabria y Navarra (17); y La Rioja (4).

Todos se han producido al amparo de la Ley Concursal, aprobada de forma definitiva en mayo de 2015, y que persigue que las empresas que acuden a estos procedimientos y son viables puedan seguir operando, al tiempo que permite a los acreedores cobrar parte de su deuda.

Dicha ley extiende los efectos del convenio general a los acreedores disidentes o que no se hayan sumado a este, incluidos los públicos, siempre que se superen unos determinados porcentajes de adhesión.

.