El Torreón de Lozoya queda libre de cargas y la acusación se retira del caso

El Torreón de Lozoya en Segovia, usado como aval hipotecario de una deuda de 6,9 millones, ha sido liberado de cargas por parte de la entidad financiera Bankia tras un acuerdo con la Fundación Caja Segovia, quien ha anunciado que se retira como acusación particular en el procedimiento penal en curso.

El presidente de la Fundación, Francisco Javier Reguera, ha afirmado hoy en declaraciones a los medios que tras el acuerdo que cancela la hipoteca sobre el Torreón, la Fundación abandonará la vía penal, a través de la cual se acusa a doce exconsejeros de Caja Segovia de administración desleal.

Entre los presuntos implicados se encuentran el expresidente de la entidad Atilano Soto, el vicepresidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, los exvicepresidentes de Caja Segovia Manuel Agudíez y Elena García y los diputados provinciales José Luis Sanz (PP) y Jesús Yubero (PSOE).

No obstante, Reguera ha insistido en que este acuerdo "no supone la liberación del cien por ciento de los perjuicios que se ha ocasionado a la Fundación", por lo que el siguiente paso será emprender acciones por la vía civil que, a su juicio, "es la que más interesa a la fundación en este momento".

En este sentido, ha indicado que es "más fácil y más rápido" que los tribunales reconozcan una negligencia por parte de los acusados, y que la fundación cobre la indemnización porque, en su opinión, por esta vía "el seguro tiene una responsabilidad clara".

Reguera ha asegurado que se trata de un acuerdo "satisfactorio" que supone la "supervivencia" de la Fundación Caja Segovia, ya que con el pago de ese crédito de casi siete millones de euros estaba "abocada a la desaparición".

La contrapartida de este acuerdo, en el que además se liberan otros bienes como el Palacio de Villafañe y varios locales, salas y naves de la ciudad, es que el edificio de la avenida del Acueducto, que hasta ahora compartían la Fundación y Bankia y que pasa a ser propiedad íntegra del banco.

La Fundación Caja Segovia había pagado hasta el momento algo más de 400.000 euros de la deuda del Torreón que se corresponden a los intereses, según el abogado Rafael Yturriaga, por lo que todavía tenía pendiente el abono de 6,9 millones de deuda.

Seguir con la vía penal habría retrasado las cosas, según Yturriaga, y la Fundación tenía que hacer frente en 2018 al primer millón y medio de pago, que no podría afrontar, además, ha advertido que tampoco este procedimiento garantizaba ni la condena de los exconcejeros ni la de la aseguradora Caser.

En cuanto a la continuidad del proceso penal ha indicado que "es complicado" que siga adelante porque, en principio, es necesaria la acusación particular y al no personarse el Ministerio Fiscal tan solo quedan las dos acusaciones populares del caso, aunque ha advertido de que "la decisión depende del juez de instrucción".

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